Por: Yojanny Hernandez
SANTO DOMINGO.-La República Dominicana genera más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente, con un promedio de 650 kilogramos por personas, causando impacto negativos en la salud, ecosistema y el clima global. Esta alarmante situación llevó al Senado, en enero de 2025, a aprobar una modificación urgente de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, la cual busca mejorar la gestión sostenible de los desechos, debido al desafío que presenta el país con los residuos.
La iniciativa, impulsada por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, introduce regulaciones más estrictas sobre materiales no biodegradables y exige el uso de tapas de polipropileno en ciertos envases.
Sin embargo, el artículo 36, que impone una contribución especial a las empresas con ingresos reportados a la DGII, ha generado polémica, especialmente entre los industriales, debido a los aumentos en tarifas de recolección y sanciones severas por manejo inadecuado de residuos.
Las empresas de hasta un millón de pesos en ingresos deberán pagar 1,200 pesos, mientras que las de ingresos superiores a 2,000 millones contribuirán con hasta 10 millones anuales, lo que ha causado indignación en el sector empresarial.
Para el ambientalista Luís Carvajal, aunque las modificaciones son necesarias, reconoce algunas falencias que deben ser modificadas.
Carvajal afirmó que no comparte las preocupaciones que señala el sector empresarial, ya que esta ley beneficia al país y la ciudadanía.
Tanto ambientalistas como comerciantes coinciden en que la ley debe reforzarse y socializarse adecuadamente para su correcta implementación.
