Libertad de expresión y difamación es un debate que ya tiene respuestas

Francisco Tavárez

La discusión sobre la posible aplicación de penas de prisión por difamación en los medios de comunicación y las redes digitales ha vuelto a ocupar espacio en el debate nacional. Sin embargo, conviene recordar que no estamos ante una cuestión inédita ni desprovista de precedentes jurídicos. Por el contrario, se trata de un tema ampliamente examinado por la jurisprudencia dominicana e internacional, con criterios que han sido definidos de manera clara por nuestro Tribunal Constitucional.

Las sentencias TC/0075/16, del 4 de abril de 2016, y TC/1148/25, del 7 de noviembre de 2025, constituyen referentes fundamentales en esta materia. Antes incluso de estos pronunciamientos, la Suprema Corte de Justicia ya había sentado criterios orientados a proteger las libertades públicas y el derecho de los ciudadanos a denunciar actuaciones de los funcionarios públicos cuando estas se relacionan con el ejercicio de sus funciones.

La doctrina moderna y la jurisprudencia internacional han establecido una diferencia esencial entre la protección de la vida privada de las personas y el escrutinio legítimo de quienes ejercen funciones públicas. En una democracia, los funcionarios están sujetos a un mayor nivel de vigilancia ciudadana, precisamente porque administran recursos, toman decisiones y ejercen poderes que afectan al conjunto de la sociedad. Limitar excesivamente la posibilidad de cuestionarlos o denunciarlos tendría un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana y el control democrático.

Por ello, tanto la jurisprudencia nacional como la internacional han favorecido mecanismos de reparación civil cuando se producen daños al honor o a la reputación, reservando las sanciones penales para situaciones excepcionales. No es casual que el propio Tribunal Constitucional haya fortalecido el derecho de los ciudadanos a denunciar actos de corrupción y crímenes económicos vinculados al ejercicio de funciones públicas, incluso permitiendo la presentación de querellas directas y acusaciones alternativas al Ministerio Público en determinadas circunstancias.

A ello se suma una garantía histórica del derecho penal: la denominada Excepción de la Verdad. Esta figura permite que una persona acusada de difamación pueda demostrar la veracidad de los hechos denunciados y, en consecuencia, obtener su absolución. Se trata de un mecanismo que protege el interés público y evita que los tribunales se conviertan en instrumentos para silenciar denuncias legítimas.

Ahora bien, reconocer la importancia de la libertad de expresión no significa ignorar los desafíos que plantea la revolución tecnológica. Las redes sociales y las plataformas digitales han multiplicado la velocidad con la que circula la información, pero también la desinformación. La difamación, los insultos, las campañas de descrédito y las acusaciones irresponsables pueden destruir reputaciones en cuestión de horas. Nadie debería quedar indefenso ante esos abusos.

La honra y el buen nombre son derechos fundamentales que merecen protección efectiva. La sociedad necesita herramientas legales que permitan a las víctimas reclamar justicia y obtener reparación cuando han sido objeto de ataques injustificados. Sin embargo, una cosa es garantizar mecanismos de protección y otra muy distinta es abrir la puerta a disposiciones que puedan convertirse en instrumentos de censura o intimidación contra periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanos.

Desde esta tribuna sostenemos que el equilibrio debe encontrarse en el fortalecimiento de los mecanismos civiles de reparación, en la responsabilidad profesional de quienes comunican y en el respeto al debido proceso. La prisión como respuesta a expresiones relacionadas con asuntos de interés público constituye una medida que choca con la evolución de la jurisprudencia constitucional y con los estándares democráticos contemporáneos.

La democracia necesita ciudadanos responsables, pero también ciudadanos libres. Necesita medios comprometidos con la verdad, pero igualmente protegidos frente a cualquier intento de amordazar la crítica o la denuncia. Defender la libertad de expresión no implica tolerar la difamación; significa comprender que el remedio contra los excesos del discurso no puede ser la restricción de una de las libertades más esenciales de una sociedad democrática.

La República Dominicana ya cuenta con una sólida doctrina constitucional sobre esta materia. Antes que retroceder hacia fórmulas que puedan generar temor o autocensura, corresponde fortalecer las garantías existentes y preservar el delicado equilibrio entre el derecho al honor y el derecho de todos a expresarse libremente.