¡Lo entiendo! justicia no es venganza, pero tampoco indiferencia

Francisco Tavárez

Las palabras pronunciadas por el juez Raymundo Mejía al enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por homicidio involuntario en el caso de la tragedia de Jet Set han abierto un debate que trasciende el ámbito estrictamente jurídico. No porque el magistrado haya actuado fuera de la ley, sino porque sus declaraciones tocan una sensibilidad colectiva marcada por el dolor de las víctimas y la necesidad de que la sociedad perciba que la justicia responde con firmeza cuando ocurre una tragedia de semejante magnitud.

El juez rechazó la solicitud de varios abogados de las víctimas que buscaban modificar la calificación jurídica para incluir la figura del dolo eventual. Su argumento fue categórico: no encontró sustento suficiente en los hechos ni en el derecho para acoger esa petición. Desde una perspectiva estrictamente legal, corresponde al tribunal evaluar si existen elementos probatorios que permitan sostener una acusación más grave. Estoy muy claro, como abogado, que la función de un juez no es satisfacer expectativas ni emociones, sino aplicar la ley, pero hay cosas que van más allá. Por eso el debate no termina ahí.

Cuando el magistrado afirmó que "la justicia no es para venganza" y que debe actuar bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, expresó un principio fundamental del Estado de derecho. Ninguna democracia puede permitir que las sentencias se dicten movidas por la ira colectiva. Pero tampoco puede ignorarse que quienes reclaman una sanción más severa no necesariamente están buscando venganza, sino justicia.

Existe una diferencia sustancial entre exigir castigo ejemplar y exigir justicia. Las víctimas y sus representantes no están pidiendo una condena anticipada ni una represalia emocional; están cuestionando si la magnitud de los hechos, las advertencias previas y las responsabilidades derivadas de la administración del establecimiento podrían encajar en una figura penal más grave. Ese es un planteamiento jurídico legítimo, no un acto de revancha.

Por eso, aunque la decisión del juez pueda estar jurídicamente fundamentada, la referencia a la venganza corre el riesgo de colocar en una posición incómoda a quienes buscan respuestas. Da la impresión de que toda pretensión de aumentar la responsabilidad penal nace de una motivación emocional, cuando en realidad forma parte del derecho de las víctimas a procurar la interpretación legal que consideren más adecuada a los hechos.

La justicia debe ser racional, ciertamente. Pero también debe ser capaz de comprender el dolor social que generan tragedias como esta. El desafío consiste precisamente en encontrar el equilibrio entre la fría aplicación de la norma y la legítima demanda de responsabilidad.

Ahora el caso pasará a una nueva etapa, donde las pruebas serán examinadas con mayor profundidad. Allí se determinará si la acusación por homicidio involuntario es la que mejor refleja la realidad de los hechos o si existen elementos que permitan otra valoración jurídica. Lo importante es que el proceso continúe sin presiones indebidas, pero también sin descalificar las aspiraciones de quienes han perdido familiares y seres queridos.

Porque la justicia no debe ser venganza. Pero tampoco debe parecer distante frente al clamor de una sociedad que exige respuestas, responsabilidades y verdad.