Los aeropuertos dominicanos se han convertido en almacenes de falsos minusválidos. Es indignante y vergonzoso ver a jóvenes sanos usar sillas de ruedas para evitar filas, extendiendo el tiempo de abordaje de los aviones de manera innecesaria. Observamos cómo estas personas pasean, compran y disfrutan en el aeropuerto, solo para transformarse en «minusválidos» al momento de abordar.
Esta facilidad, que debe estar reservada para quienes realmente la necesitan por motivos de salud o movilidad, se ha convertido en un relajo y un abuso. Las aerolíneas, siguiendo protocolos internacionales, ofrecen estas sillas de ruedas para personas con discapacidades reales, no para quienes buscan evitar inconvenientes.
Es hora de poner fin a este abuso, y esto recae en las autoridades. Necesitamos medidas estrictas, como exigir certificados médicos o imponer un costo por el uso de sillas de ruedas, para disuadir a quienes se aprovechan de este recurso. Es inaceptable que decenas de personas sanas abusen del sistema en detrimento de quienes realmente lo necesitan.
El abuso de las sillas de ruedas no solo es un acto de deshonestidad, sino que también crea problemas logísticos para las aerolíneas y el personal del aeropuerto. Las aerolíneas deben asignar personal adicional y dedicar más tiempo y recursos a atender a estos «pasajeros discapacitados», lo cual ralentiza el proceso de abordaje y puede causar retrasos en los vuelos.
Además, este comportamiento pone en riesgo a los pasajeros que realmente necesitan estas sillas de ruedas. En una situación de emergencia o una necesidad médica genuina, el personal del aeropuerto puede verse sobrecargado o incapaz de proporcionar la asistencia adecuada debido al número inflado de «discapacitados» falsos. Esto no solo es injusto, sino potencialmente peligroso.
Las aerolíneas y los aeropuertos deben colaborar para implementar políticas que mitiguen este problema. La verificación de la necesidad de sillas de ruedas podría ser un primer paso. Solicitar certificados médicos o incluso una declaración jurada podría ayudar a asegurar que solo aquellos que realmente lo necesitan utilicen este servicio. Además, se podría considerar la imposición de un pequeño costo por el uso de sillas de ruedas, reembolsable en casos de necesidad médica verificada.
Los dominicanos somos creativos, pero debemos usar esa creatividad para el bien. Aprovecharse de un sistema diseñado para ayudar a los más necesitados no solo es inmoral, sino que socava la confianza y el respeto en nuestras instituciones. Necesitamos un cambio de actitud y un compromiso colectivo para erradicar este comportamiento.
¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos combatir este abuso de manera efectiva y justa? Leo sus comentarios.
Por: Francisco Tavárez (El Demócrata)
