Por Francisco Tavárez
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un cambio significativo en la aplicación de medidas de coerción en el sistema de justicia dominicano. La prisión preventiva, considerada durante mucho tiempo como una herramienta efectiva para garantizar la comparecencia de los imputados y evitar posibles interferencias en la investigación, parece haber alcanzado un punto crítico de desgaste y escepticismo por parte de la sociedad.
Es preocupante observar cómo los jueces, en casos de corrupción especialmente, están optando por variar las medidas de coerción, abandonando la cárcel y permitiendo que los imputados transiten libremente por las calles. Esta decisión, en apariencia contradictoria con la gravedad de los delitos imputados, genera una sensación de impunidad que afecta la confianza en el sistema judicial.
La estrategia de presentar los apresamientos y operativos como logros por parte del Ministerio Público ha resultado ser una apuesta arriesgada y contraproducente. Lo que se pretendía mostrar como un avance en la lucha contra la corrupción, se ha transformado en un símbolo de la ineficacia del sistema legal para castigar de manera contundente a aquellos que cometen actos ilícitos.
La desconexión entre las definiciones jurídicas del sistema de justicia y la comprensión de la sociedad común es evidente. Cuando se habla de Estado de Derecho, muchos ciudadanos interpretan que se trata de discursos retóricos destinados a ocultar una realidad que los aleja cada vez más de la fe en las instituciones.
La gran mayoría de la población, la que no está inmersa en tecnicismos legales, se siente decepcionada y engañada. La promesa de un sistema judicial que actúa en defensa de la justicia y la legalidad se desvanece ante la realidad de medidas que parecen más simbólicas que punitivas.
Es necesario advertir sobre el impacto social que podría derivarse de esta peligrosa tendencia. Estamos al borde de perder cualquier resorte social que mantenga la cohesión y la confianza en las instituciones. Cuando la sociedad percibe que no hay consecuencias reales para los actos de corrupción, se erosiona la fe en la justicia y se fomenta la desconfianza en el sistema.
La falta de creencia en las instituciones y la pérdida de fe en el Estado de Derecho pueden llevar a consecuencias impredecibles. Un pueblo desencantado y sin confianza es un terreno fértil para la desestabilización social. Es crucial que las autoridades reflexionen sobre la urgencia de restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, reevaluando las estrategias implementadas y asegurando que las medidas de coerción sean proporcionales a la gravedad de los delitos imputados.
En definitiva, la prisión preventiva, lejos de ser una herramienta infalible, ha revelado sus limitaciones y ha generado un cuestionamiento profundo sobre la eficacia del sistema de justicia. Es imperativo abordar esta situación con responsabilidad y transparencia, buscando restaurar la fe de la sociedad en la justicia y evitando que la desconfianza se convierta en el catalizador de un escenario social peligroso.
