Por: Francisco Tavárez (El Demócrata)
En la República Dominicana, los casos de políticos y servidores públicos implicados en delitos como el narcotráfico y el lavado de activos han minado la confianza pública en las instituciones del Estado. Un ejemplo reciente y emblemático es el de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amada Pilarte, quien fue condenada a cinco años de cárcel por su participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido como «Micky López», presuntamente lideraba esta red.
Este caso subraya la imperiosa necesidad de implementar un sistema de consecuencias con sentencias ejemplares para aquellos que, desde sus cargos de poder, violan las leyes y traicionan la confianza del público. El Ministerio Público estableció en el expediente acusatorio que la Diputada Pilarte y su red movilizaron más de 2,593 millones de pesos a través del sistema financiero nacional sin justificación legítima, resaltando la magnitud de la corrupción implicada.
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Propuesta de Reforma Legal
Desde el Demócrata, proponemos una serie de medidas legislativas y constitucionales que busquen frenar estos delitos y restaurar la integridad en el servicio público:
- Modificación del Código Penal: Es crucial que los legisladores aprueben una reforma del código penal que imponga penas severas para todos los servidores y funcionarios públicos involucrados en narcotráfico, lavado de activos, corrupción, pedofilia, violaciones sexuales y otros delitos graves. Las sanciones deben incluir la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la exclusión permanente de la afiliación política partidaria. No pueden ser tratados como ciudadanos comunes cuando abusan de su posición para perjudicar al pueblo y al sistema de justicia.
- Reforma Constitucional: Estas modificaciones deben ser incorporadas a la Constitución de la República Dominicana y al Código Penal, asegurando así su permanencia y efectiva aplicación a lo largo del tiempo.
- Jurisdicción Nacional Exclusiva: Proponemos que todos los casos de políticos y servidores públicos implicados en estos delitos sean juzgados y condenados en territorio dominicano. Esto garantizaría que las sentencias sean proporcionales y que los activos confiscados permanezcan en el país, destacando el impacto de sus acciones en nuestra sociedad.
Estas reformas no solo representarían un paso crucial hacia la erradicación de la corrupción, sino que también enviarían un mensaje claro de que ningún servidor público está por encima de la ley.
Como sociedad, es crucial que insistamos en la implementación de estas reformas. La justicia no puede ser selectiva ni parcial; debe ser firme y ejemplar. Solo así podremos garantizar que aquellos encargados de hacer cumplir las leyes sean los primeros en respetarlas y cumplirlas.
La lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la política dominicana es un desafío ineludible, pero es un desafío que debemos abordar con determinación y convicción. El establecimiento de un régimen de consecuencias ejemplares es un paso esencial hacia un futuro más justo y transparente para la República Dominicana.
La condena de Rosa Amada Pilarte debe ser un punto de inflexión, motivándonos a demandar y llevar a cabo cambios estructurales que refuercen la transparencia y la justicia en nuestra nación.