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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader calificó este lunes como un suceso «sin precedentes en la historia del país» el arresto de nueve miembros de la Policía Nacional y una civil, acusados de integrar una red criminal que sustrajo más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas.
“Es la primera vez que desde la propia Policía y el Ministerio de Interior y Policía se enfrentan actos de corrupción administrativa dentro de la institución. Nunca antes había ocurrido algo así”, señaló Abinader en su rueda de prensa semanal La Semanal con la Prensa.
El mandatario reiteró su compromiso con la transparencia y subrayó que este caso envía un mensaje inequívoco de cero impunidad en todos los niveles de su Gobierno.
“Esto es parte de nuestro compromiso de garantizar justicia y actuar sin contemplaciones contra la corrupción, venga de donde venga”, afirmó.
El caso, que forma parte de la denominada operación Pandora, se destapó tras investigaciones iniciadas en octubre pasado a solicitud del Ministerio de Interior y Policía y la dirección general de la Policía Nacional. Durante el fin de semana, múltiples allanamientos realizados en el Distrito Nacional y provincias como Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales resultaron en la captura de los implicados.
Entre los detenidos figuran altos oficiales y personal administrativo como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, capitán y auditor Víctor Manuel Santos, señalado por falsificar auditorías internas, segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central, otros miembros de la Policía Nacional y la civil Miguelina Bello Segura, acusada de colaborar con la red.
Según el Ministerio Público, la red criminal falsificaba auditorías internas y manipulaba registros para encubrir la desaparición de las municiones. Estas actividades ilícitas fueron descubiertas gracias a una colaboración entre fiscales y equipos técnicos especializados.
Más de 200 agentes y 40 fiscales participaron en la operación, marcando un esfuerzo coordinado sin precedentes para combatir el crimen organizado dentro de las fuerzas del orden. Las autoridades anunciaron que solicitarán prisión preventiva como medida de coerción para los involucrados.
