Menor acusado de atacar al senador Miguel Uribe rechaza cargos que se le imputan

BOGOTÁ.- La Fiscalía General de Colombia inició este martes la audiencia de imputación de cargos contra un adolescente de 14 años, señalado como el presunto autor del atentado armado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente en Bogotá. El menor, quien resultó herido durante su captura, no aceptó los cargos que incluyen tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La diligencia judicial se llevó a cabo en la Clínica Universitaria Colombia, donde el imputado permanece bajo atención médica y custodia de las autoridades. Debido a su edad, el proceso se desarrolló bajo estrictas medidas de reserva, en cumplimiento con la normativa de protección de menores.

El senador Uribe Turbay continúa hospitalizado en estado crítico, según reportes médicos. El hecho ha generado profunda consternación en el país, desatando reacciones de solidaridad por parte de líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que se alzan llamados a la reconciliación y al fin de la violencia política.

La Fiscalía y la Policía Nacional han centrado sus investigaciones en posibles vínculos del menor con estructuras delictivas que operan en Bogotá. Entre los grupos señalados figuran Los Rule, Los Ganzúa y Los Destornilladores, organizaciones asociadas al tráfico de drogas, extorsión y reclutamiento de menores para actividades delictivas.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el adolescente habría sido instrumentalizado por estas redes como parte de una operación planeada. Según el presidente Gustavo Petro, quien se refirió al caso en un pronunciamiento oficial, el menor realizó rondas de vigilancia previas al atentado, efectuó transferencias bancarias y coordinó movimientos con vehículos en la zona, evidenciando una logística premeditada.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que el joven sea trasladado a un centro de reeducación para menores infractores, mientras avanzan las diligencias judiciales. El caso es abordado por fiscales de la unidad de responsabilidad penal para adolescentes, con el objetivo de determinar el grado de participación del menor y la red de adultos que pudo haberlo inducido o utilizado.

Este atentado ha reabierto el debate sobre el uso de menores en estructuras criminales y la necesidad de políticas más firmes en materia de prevención del reclutamiento infantil, además de reformas en el sistema de justicia juvenil para enfrentar casos de alta gravedad.

La próxima audiencia ha sido fijada para la próxima semana, mientras las autoridades recopilan nuevas pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y dar con los autores intelectuales del ataque.