El Ministerio Público presentó este viernes una acusación formal en contra de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con la manipulación de licitaciones públicas. La acusación también señala a varios altos funcionarios de la entidad por su complicidad en el proceso.
Uno de los aspectos más alarmantes del expediente es que miembros del Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT firmaban pliegos de condiciones sin haberlos revisado previamente. El caso de Martha Morillo De León, encargada de Libre Acceso a la Información Pública y miembro del comité, es uno de los ejemplos más claros. Según el documento presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Morillo firmó un acta de aprobación sin haber participado en ninguna reunión ni haber leído el pliego de condiciones. Simplemente, le llevaron el acta a su oficina para firmarla.
De igual forma, Filias Bencosme Pérez, director jurídico del INTRANT y miembro del comité, también firmó el pliego sin haberlo revisado en su totalidad. Aunque fue convocado a una reunión preliminar para analizar el documento, Bencosme Pérez informó que la reunión quedó inconclusa y no fue contactado nuevamente hasta que se presentó el pliego para su firma. Emitió un dictamen jurídico en el que aprobaba el documento, pero más tarde admitió que lo había firmado bajo presión de la Dirección Ejecutiva sin la oportunidad de revisarlo en profundidad.
Conflicto de interés y falta de transparencia
Otro de los puntos clave de la acusación es el conflicto de interés evidente en la designación de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del INTRANT, como perito en el proceso de licitación, a pesar de que él mismo había solicitado el procedimiento. Este acto violaba directamente el decreto 416-23 y la Ley 340-06, que prohíben el conflicto de intereses en estos casos.
El Ministerio Público también señaló que el pliego de condiciones fue presentado prácticamente listo por Hugo Beras y sus colaboradores, sin permitir la participación activa de otros miembros del comité. Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda también firmaron el pliego, limitándose a realizar correcciones mínimas, según los testimonios recogidos en la investigación.
Ausencias y falta de participación
Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, directora de Planificación y Desarrollo, también figura en la acusación, aunque su caso refleja otro tipo de irregularidad. Al momento de la aprobación del pliego, ella no se encontraba en el país, por lo que no firmó el acta. Sin embargo, al regresar, nunca recibió una copia del documento ni información sobre quién lo había elaborado. Bobadilla Zimmermann solo pudo acceder al pliego cuando lo descargó del portal web, tiempo después de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ordenara modificaciones.