Ministerio Público defiende pruebas y rechaza incidentes de las defensas en juicio Medusa

Yirian Ventura

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público rechazó este miércoles los incidentes planteados por las defensas de los imputados en el juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados en el caso Operación Medusa, al tiempo que defendió la admisibilidad de las pruebas incorporadas al expediente.

Durante la audiencia en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los representantes del órgano acusador presentaron su réplica a los cuestionamientos formulados por las defensas, los cuales abarcan la exclusión de pruebas testimoniales, documentales y judiciales, así como aspectos relacionados con la calificación jurídica establecida en el auto de apertura a juicio.

Los fiscales sostuvieron que las pretensiones de las defensas procuran que el tribunal reexamine decisiones que ya fueron debatidas y resueltas durante la etapa preliminar del proceso. Recordaron que dicha fase se extendió por más de un año, período en el que todas las partes tuvieron la oportunidad de presentar objeciones y alegar posibles vulneraciones de derechos fundamentales respecto a las pruebas aportadas por la acusación.

Asimismo, señalaron que el juez de la instrucción determinó previamente que los elementos probatorios cumplían con los requisitos legales para ser admitidos y valorados durante el juicio. No obstante, aclararon que las defensas conservan el derecho de cuestionar o contradecir dichas pruebas durante su reproducción en el debate oral, en apego a las garantías del debido proceso.

El juicio, considerado uno de los procesos por presunta corrupción administrativa de mayor relevancia de los últimos años, continúa ante las magistradas Claribel Nivar, Yissel Soto y Clara Sobeyda Castillo. Según la acusación, Jean Alain Rodríguez y varios coimputados habrían integrado una supuesta red de corrupción que operó en la Procuraduría General de la República y que, a través de irregularidades vinculadas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, habría ocasionado un perjuicio al Estado superior a los RD$6,000 millones.