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Ministerio Público destapa irregularidades en fondos asignados a fundación presidida por Lucía Medina Sánchez

por La redacción

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continuó con el interrogatorio a Sergio Alejandro Miniel Castillo, perito de la Cámara de Cuentas, en el marco del caso que investiga los fondos desembolsados por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) a favor de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana (FUMUDESJU), presidida por Lucía Medina Sánchez.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, explicó que el informe de la auditoría especial realizada por la Cámara de Cuentas reveló asignaciones irregulares de fondos a la fundación, lo que constituye una violación a la normativa de FONPER, que prohíbe la entrega de recursos a familiares de personas vinculadas a la entidad. Según Ortiz, esta situación es un indicio claro de desfalco y mala administración de los fondos públicos.

Ortiz señaló directamente a Fernando Rosa, exdirector del FONPER, y a Carmen Magalys Medina Sánchez, quien se desempeñaba como vicepresidenta administrativa, como responsables de aprobar los fondos para la fundación presidida por su hermana Lucía Medina. Magalys Medina y su hermano Alexis Medina Sánchez están imputados en este caso.

“A través de nuestras pruebas, estamos demostrando la participación activa de Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez en la aprobación irregular de fondos que violaron las normas internas de FONPER”, afirmó Ortiz.

La auditoría especial realizada por la Cámara de Cuentas detectó una serie de irregularidades, como ingresos no reportados por valor de RD$38,250,000, la falta de cheques y registros contables durante varios meses, y discrepancias en los reportes de nómina a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). También se hallaron pagos por actividades sin comprobantes, adquisiciones sin evidencia de uso, y pagos en medicamentos por RD$8,800,000 sin la formalidad requerida por el proveedor.

Sobre las críticas del movimiento Participación Ciudadana en torno a la lentitud de los procesos judiciales, Ortiz aclaró que el Ministerio Público ha estado activo y preparado desde el inicio. Señaló que factores como la carga de trabajo de los tribunales y problemas de salud de los imputados han contribuido a los retrasos, pero enfatizó que estos no son atribuibles al Ministerio Público.

La audiencia fue aplazada para el próximo lunes 9 de septiembre, cuando la defensa continuará el contrainterrogatorio al perito de la Cámara de Cuentas.

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