SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público aclaró este miércoles que no ha retenido los salarios de los fiscales sometidos a procesos disciplinarios, como se difundió erróneamente en algunos medios. La institución aseguró que los pagos se han realizado sin interrupciones y de acuerdo a lo establecido.
Además, informó que, como parte de un proceso de estandarización y transparencia en los protocolos internos, a partir de septiembre los fiscales suspendidos, así como el personal técnico y administrativo bajo la misma condición, deberán cobrar sus salarios mediante cheques. Esta medida, que busca reforzar la transparencia, ha sido implementada sin mayores contratiempos. Según la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, los cheques están disponibles desde el pasado 20 de septiembre, y parte del personal ya ha realizado el retiro de sus pagos.
El Ministerio Público lamentó cualquier inconveniente que esta nueva modalidad haya podido causar y reafirmó su compromiso de respetar los derechos de todos los investigados. No obstante, señaló que algunos procesos disciplinarios se han visto obstaculizados por conductas indebidas de los propios investigados. Algunos fiscales suspendidos se encuentran fuera del país, lo que ha complicado la correcta realización de los procedimientos. Ante esta situación, el órgano persecutor hizo un llamado a la «lealtad procesal», instando a los involucrados a cooperar para que los procesos disciplinarios avancen de manera eficiente.
El Ministerio Público también invitó a las asociaciones de fiscales a colaborar en la mejora de los procedimientos disciplinarios, con el fin de asegurar procesos más ágiles y en línea con la normativa vigente. Esta colaboración, según la institución, es esencial para garantizar la legitimidad en el control disciplinario y evitar dilaciones que afectan tanto al proceso como al erario público.
Por último, la entidad aclaró que la medida de pago mediante cheques no requirió consulta con el Consejo Superior del Ministerio Público, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.