Ministerio Público presenta acusación formal contra red de narcotráfico desmantelada en Operación Arrecife

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- El Ministerio Público presentó formal acusación contra 17 personas físicas y una empresa vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife, en un proceso encabezado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de María Trinidad Sánchez.

Entre los acusados figuran Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco, Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Wilfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo. También fue imputada la empresa Vidrios y Aluminios Vidapol, SRL.

El órgano acusador solicitó al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura a juicio contra todos los procesados, al considerar que existen pruebas suficientes que los vinculan a los hechos imputados. Los encartados enfrentan cargos por violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como al Código Penal Dominicano. La empresa Vidrios y Aluminios Vidapol, SRL, fue acusada específicamente por infracciones a los artículos 3 y 8 de la Ley 155-17.

Con esta nueva acusación, el total de personas procesadas por este caso asciende a 27, incluyendo 25 personas físicas y dos jurídicas. El Ministerio Público recordó que en febrero de este año también fueron imputados Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (Titi), Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (Pluma o Condorito) y la empresa Pescadería Omar Ortiz, SRL.

De acuerdo con la investigación, la estructura criminal operaba en el tráfico de drogas tanto a nivel local como internacional, así como en el lavado de los recursos provenientes de esta actividad ilícita, en violación a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos.

Durante el operativo ejecutado el 20 de febrero de 2023, las autoridades lograron incautar 243 paquetes que contenían 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, conforme a los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Además, se comprobó que parte de la droga tenía como destino Puerto Rico, donde también fueron decomisados otros 328 kilogramos del estupefaciente.

Las autoridades atribuyen a la estructura no solo el patrocinio de los cargamentos, sino también la logística para su traslado fuera del territorio dominicano.

La acusación establece que los imputados utilizaron el dinero proveniente del narcotráfico para adquirir bienes muebles e inmuebles, simular transacciones comerciales y colocar grandes sumas en el sistema financiero nacional. Estas operaciones facilitaron una segunda fase de investigación que dio lugar a la Operación Arrecife 2.0, mediante la cual fueron incorporados nuevos miembros a la lista de imputados.

El expediente acusatorio está sustentado con más de 700 pruebas, entre ellas documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales, ilustrativas y materiales, que fueron recopiladas por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

La titular de la Procuraduría Especializada Antilavado, Ramona Nova, y el fiscal de María Trinidad Sánchez, Juan Mateo Ciprián, destacaron que esta acusación representa un golpe contundente contra una estructura criminal de gran alcance, lo que reduce significativamente la posibilidad de que pueda reorganizarse para continuar delinquiendo.

El Ministerio Público informó que se mantiene a la espera de que el Juzgado de la Instrucción fije la fecha para la audiencia preliminar, en la que se conocerá la solicitud formal de apertura a juicio.