Ministerio Público refuerza caso Coral con más de 300 pruebas contra Adán Cáceres

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó este lunes ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional más de 300 pruebas documentales y periciales que sustentan las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros implicados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G.

Durante la audiencia, la fiscalía incorporó evidencia clave, entre ellas certificaciones emitidas por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Bancos, registros financieros y bancarios, que fueron utilizadas como base técnica para un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Este informe, ya admitido por el tribunal, detalla el crecimiento patrimonial desproporcionado e injustificado de los acusados.

La exencargada del Departamento de Auditoría del Inacif fue presentada como testigo por el órgano acusador. Explicó que todas las pruebas sirvieron para documentar el incremento de bienes no justificado con ingresos lícitos, fortaleciendo el expediente.

El fiscal Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la cantidad y calidad de las pruebas evidencian la magnitud del entramado ilícito. “Cada documento muestra cómo se acumuló riqueza fuera de proporción a sus salarios”, precisó.

El juicio fue aplazado hasta el jueves 5 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará la presentación de pruebas ante las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes.

Las operaciones Coral y Coral 5G destaparon uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el país, con un perjuicio estimado de más de RD$4,500 millones al Estado.

La investigación señala como principal responsable al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), acusado de liderar una estructura integrada por al menos 30 personas físicas y 18 empresas. Según la acusación, los procesados se apropiaron de fondos públicos provenientes del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los imputados figuran también:

• Generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou (FARD)
• Coronel Rafael Núñez de Aza
• Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez
• Sargento Alejandro José Montero Cruz
• La religiosa Rossy Guzmán Sánchez (alias La Pastora) y su hijo, el cabo Tanner Flete Guzmán

Otros acusados incluyen a José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.