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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este jueves una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos contra Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como el principal cabecilla del entramado de corrupción desarticulado mediante la Operación Antipulpo.
Durante la presentación de sus conclusiones ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador argumentó que Medina Sánchez incurrió en estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, valiéndose de su cercanía al poder político para obtener contratos millonarios de forma irregular.
Junto a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, el Ministerio Público también solicitó penas de 15 años de prisión para los coimputados José Dolores Santana Carmona y Wacar Bernabé, por su rol en la red que, según las autoridades, habría defraudado al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
Para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y la exvicepresidenta de la misma entidad, Magalys Medina —hermana del exmandatario—, la fiscalía pidió 10 años de prisión y el pago de una multa de 200 salarios mínimos.
En tanto que para el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo, y otros dos implicados, el órgano persecutor solicitó una pena de 5 años de reclusión a ser cumplidos en el Centro Correccional Najayo-Hombres.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), también pidió al tribunal que se le exonere de pena al imputado Víctor Encarnación Montero, debido a su colaboración con la investigación. No obstante, solicitó el decomiso de los 15 millones de pesos que entregó voluntariamente como parte de un acuerdo.
Respecto a Aquiles Cristofer Sánchez, se solicitó una condena de 3 años, con pena suspendida, y una multa de 500 mil pesos.
Además, el Ministerio Público pidió al tribunal la disolución de las empresas presuntamente utilizadas para canalizar los fondos públicos desviados, la cancelación de sus licencias y la imposición de multas de 200 salarios mínimos a cada una.
El juicio de fondo continuará esta tarde, tras un receso ordenado por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado.
