Por David Ruiz
El Ministerio Público presentó ayer una acusación formal contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., por su participación en una red de corrupción y crimen organizado. La acusación incluye cargos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, contrabando, sabotaje a infraestructuras críticas y robo de identidad.
El expediente también involucra a otros funcionarios de alto nivel del INTRANT, entre ellos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fungía como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo ante el comité de compras, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero. Según el Ministerio Público, estos individuos formaron una asociación de malhechores junto a Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L., para estafar al Estado dominicano.
Manipulación en licitaciones millonarias
El caso, conocido como «Operación Camaleón», involucra un amañado proceso de licitación en el que Transcore Latam S.R.L. fue adjudicada con un contrato de RD$1,317,350,997.00. Las autoridades señalan que la licitación fue manipulada desde su inicio para favorecer a esta empresa, que no cumplía con los requisitos técnicos ni las capacidades necesarias. Además, Beras y su equipo asignaron a Transcore el control de la red semafórica y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo, funciones que debieron estar bajo la jurisdicción del INTRANT.
Asociación criminal y desfalco
La acusación detalla que Hugo Beras utilizó su posición como director ejecutivo del INTRANT para coaligarse con otros funcionarios y empresarios con el fin de adjudicar contratos de manera fraudulenta, beneficiando a Gómez Canaán y a los demás imputados. Se les acusa de falsificación de documentos y de usurpar la identidad de agencias de defensa del Estado para operar sistemas de vigilancia sin la debida autorización.
El Ministerio Público destaca la gravedad del caso, solicitando 18 meses de prisión preventiva para los implicados y la declaratoria de complejidad del proceso, debido a la naturaleza y el alcance de los delitos.
Operación Camaleón: el entramado de corrupción
Según las autoridades, Beras, en su calidad de director del INTRANT, adjudicó contratos de manera fraudulenta, mientras que Gómez Canaán, a través de la empresa Aurix S.A.S., se benefició económicamente. La organización utilizaba empresas de carpeta para recibir contratos millonarios sin cumplir con los requisitos técnicos. Entre las funciones adjudicadas de manera irregular estaba la gestión de la red de semáforos y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público detalló que la red contaba con la participación de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial delictivo. Estos seleccionaban al oferente de los contratos antes de que se publicaran las licitaciones, manipulaban los pliegos de condiciones y usurpaban identidades de agencias de seguridad para colocar cámaras en sectores estratégicos sin autorización.
Sabotaje y espionaje: acciones ilícitas y sus consecuencias
Entre los cargos más graves se incluye el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto pasado, lo que generó caos en el tránsito. Además, la estructura criminal adquirió tecnología exclusiva de organismos de seguridad, adulteró armas y realizó espionaje satelital y extracciones ilegales de información telefónica.
El contrato adjudicado a Transcore Latam S.R.L. ascendió a RD$1,317,350,997, y permitió que dicha empresa, junto con Aurix S.A.S., operara el control del sistema semafórico y de videovigilancia desde un centro de monitoreo privado. Los bienes adquiridos con los fondos malversados incluyen inmuebles y vehículos blindados.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones y acusa a los imputados de obstruir los procesos judiciales iniciados, con el objetivo de evitar su responsabilidad penal.