No era una gomita de dulcería: la verdad técnica que nadie explicó sobre el programa nutricional del INABIE

Enrique Pimentel Abreu

Cuando el debate público se construye sobre una comparación incorrecta, el daño no lo produce el escándalo, lo produce el silencio. Lo que ocurrió con el programa de suplementación escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil no fue un caso de corrupción disfrazada de vitaminas. Fue, en primer lugar, un caso donde la complejidad técnica de una decisión de salud pública quedó expuesta sin el contexto necesario para ser comprendida, y la indignación llenó ese vacío con la interpretación más sencilla y más dañina disponible.

El producto licitado por el INABIE no era una golosina. Tampoco era lo que circuló en las comparaciones virales de redes sociales. Era una gomita multivitamínica de grado nutricional, sin azúcar añadida, sin gluten, sin colorantes artificiales, fabricada en instalaciones con certificación FDA y bajo los protocolos cGMP, el estándar de Buenas Prácticas de Manufactura que regula la industria de suplementos dietéticos en los Estados Unidos y que exige auditorías periódicas, trazabilidad de cada lote y verificación científica de cada proceso productivo.

Comparar ese producto con lo que se vende en una estantería de Amazon por dos dólares no es un argumento. Es una confusión de categorías que, presentada sin corrección, se convirtió en el eje de una crisis reputacional.

El mercado de suplementos nutricionales está dividido en segmentos que, a simple vista, pueden parecer idénticos pero que responden a estándares radicalmente distintos. Una gomita vitamínica convencional de bajo costo generalmente contiene azúcar como agente de gelificación, colorantes sintéticos, saborizantes artificiales y una formulación básica de dos o tres nutrientes. Es accesible, popular y funcional para consumos ocasionales.

No es, sin embargo, el producto adecuado para un programa de intervención nutricional masiva dirigida a escolares de entre 3 y 19 años con brechas documentadas de micronutrientes.

El perfil técnico de lo que el INABIE salió a licitar era otro. Formulación sin azúcar con edulcorantes naturales como stevia o eritritol, necesarios para proteger la salud metabólica de la población escolar y evitar el efecto contraproducente de un suplemento que añada cargas glucémicas a niños que ya consumen dietas deficientes. Base pectínica en lugar de gelatina animal, que hace el producto apto para toda la población independientemente de restricciones dietéticas o religiosas, un criterio de inclusión elemental en cualquier programa público de escala nacional. Ausencia total de gluten.

Verificación de pureza mediante pruebas de laboratorio independiente que garantizan la ausencia de metales pesados, contaminantes microbianos y desviaciones de las especificaciones declaradas en el etiquetado. Producción en instalaciones registradas ante la FDA, lo que implica no solo cumplir regulaciones sino someterse a inspecciones externas continuas.

Esas características no son lujos. Son los requisitos mínimos para que un suplemento nutricional entregado a 70,000 escolares por el Estado dominicano sea seguro, efectivo y éticamente defendible. Y esas características tienen un precio que no refleja ninguna estantería de tienda en línea.

La licitación fijó un precio de referencia de RD$18 por unidad para la adquisición de 8.4 millones de gomitas. Ese número circuló en redes sociales comparado con productos que se venden en Amazon entre uno y dos dólares por gomita. Lo que no circuló fue el dato relevante: los productos de gama premium con certificación NSF, libre de azúcar, base orgánica y verificación independiente de pureza, como los de marcas Garden of Life, Llama Naturals o la línea clínica de Grüns, se venden en el mercado internacional de retail entre 25 y 50 centavos de dólar por unidad, equivalente a entre RD$14 y RD$28 al tipo de cambio vigente.

El precio de referencia del INABIE no es una anomalía. Está dentro del rango internacional real para un suplemento de esa categoría.
A eso se añade otro factor que las comparaciones virales ignoraron por completo.

El precio de una gomita en Amazon corresponde a una presentación de retail de 60 o 90 unidades envasada para el consumidor final, con sus costos de packaging, distribución e intermediarios incluidos. Una adquisición gubernamental de 8.4 millones de unidades requiere una formulación personalizada para el perfil nutricional del escolar dominicano, logística de distribución nacional hacia miles de planteles educativos, empaques dosificados por escolar, pruebas de lote independientes en cada partida y cadena de custodia verificable de extremo a extremo.

Todos esos factores elevan el costo de producción muy por encima de lo que indica cualquier comparación de retail. No hay contradicción entre escala grande y precio unitario elevado cuando el estándar de calidad es no negociable.

La urgencia del programa, por otro lado, no es una construcción institucional. En 2024, el Ministerio de Salud Pública, el INABIE y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Micronutrientes, que documentó déficits significativos de vitamina D, hierro, zinc y ácido fólico en la población escolar dominicana.

Esos déficits no son estadísticas abstractas. Se expresan en menor rendimiento cognitivo, mayor vulnerabilidad inmunológica, desarrollo físico comprometido y mayor ausentismo escolar, todos impactos medibles y documentados por la literatura científica internacional. Más de 35,000 publicaciones de investigación respaldan la relación directa entre deficiencia de micronutrientes en edad escolar y deterioro de las capacidades de aprendizaje. La pregunta no era si el Estado debía intervenir. Era cómo.

La gomita multivitamínica es, en ese contexto, el vehículo de entrega con mayor adherencia demostrada en poblaciones escolares jóvenes. A diferencia de cápsulas o tabletas, la presentación masticable en formato de goma mejora significativamente el cumplimiento del suplemento en niños de entre 3 y 12 años, precisamente el grupo más crítico para intervenciones nutricionales tempranas. No es una decisión arbitraria de formato. Es la recomendación que surge de la farmacología pediátrica aplicada a programas de suplementación de base escolar.

La velocidad con la que las redes sociales procesan información técnica compleja supera con creces los tiempos institucionales de cualquier gobierno. No es una debilidad exclusiva del INABIE. Es la condición estructural de la comunicación pública en la era digital, donde un video comparando precios puede recorrer el ecosistema mediático completo en horas, antes de que cualquier equipo técnico tenga oportunidad de contextualizar, explicar o documentar. El debate no esperó al expediente. El expediente, que existe y que justifica técnicamente cada especificación del producto licitado, llegó tarde a una conversación que ya había tomado forma propia.

Esa asimetría entre la velocidad del escándalo y el tiempo que requiere la explicación técnica no es evidencia de irregularidad. Es el desafío central de toda política pública que involucre decisiones especializadas en un entorno de alta vigilancia ciudadana y baja tolerancia a la ambigüedad.

La respuesta que corresponde ahora es hacer público ese expediente en su totalidad, con el estudio de necesidades nutricionales, el análisis comparativo de precios por categoría de producto y la justificación científica de cada especificación. Cuando ese documento circule con la misma amplitud que circularon las comparaciones de precios, la opinión pública tendrá los elementos para formarse un juicio informado. Y ese juicio, basado en datos verificables, será diferente al que produjo la indignación.

La vigilancia ciudadana sobre el gasto público es un valor democrático irrenunciable. Pero esa vigilancia pierde su función orientadora cuando opera sobre categorías técnicas incorrectas. Comparar un suplemento nutricional escolar con certificación FDA, libre de azúcar y producido bajo protocolos cGMP con una gomita de dulcería no es periodismo de investigación.

Es, en el mejor de los casos, un error de categorización. En el peor, es el inicio de una narrativa que puede privar a 70,000 escolares dominicanos de una intervención nutricional que los datos dicen que necesitan. Esa es la conversación que la República Dominicana merece tener. Y para tenerla hace falta información, no solo indignación.