SANTO DOMINGO.- Los partidos que representan la oposición política al actual gobierno en la República Dominicana, se unieron para exigir a la Junta Central Electoral (JCE), adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio, en un clima democrático, para elegir sus autoridades con las garantías que establece la Constitución.
El documento entregado a la JCE está firmado por los candidatos presidenciales, de los partidos Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández; de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán; del Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado; de Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, de Generación de Servidores (GENS), Carlos Peña.
De igual manera, firman el documento, los presidentes del Bloque institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba; del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, del Partido Socialista Cristiano (PSC), Soraya Aquino.
La oposición entiende que es una obligación puesta a cargo de la Junta Central Electoral (JCE), garantizar un clima de libertad, transparencia, equidad y objetividad en la contienda electoral.
Empero, sostuvo que “estos principios rectores, en lo esencial, estuvieron ausentes en la jornada electoral del pasado 18 de febrero”.
En esa jornada electoral, agregan, “el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su gobierno, dispusieron del aparato del Estado para vulnerar todas estas normas electorales, de manera descarada y sin el más mínimo rubor”.
Aseguran que se impuso “un resultado electoral municipal manipulado en el que no se permitió que la voluntad popular se expresara libremente en las urnas”.
“Las autoridades electorales permitieron, por omisión, que, mediante el uso abusivo del Poder, y ante la mirada indiferente o cómplice de la Policía Militar Electoral, el partido de gobierno se apoderara de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio”.
Se resalta, que “en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), se expresa preocupación por la compra de votos en las elecciones municipales”.
Entre las medidas que la oposición solicita a la JCE, en su condición de organizador y árbitro del proceso electoral, para impedir que repitan las mismas acciones, que ocurrieron en el pasado proceso electoral, y el día de las votaciones, se encuentran:
– En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor.
– Suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por evidenciada parcialidad y complicidad con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el proceso electoral del 18 de febrero.
– Emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión de votos nulos y observados, así como para el reconteo de votos ya que en los pasados comicios varias Juntas Electorales efectuaron procesos cuestionables.
