Plan Anti Crisis y lo que debe saber el productor del campo dominicano

La Ley 30-26 elimina cargas fiscales que durante más de diez años frenaron la inversión en el agro. Para el productor dominicano, esto no es un debate político: es dinero que ahora puede quedarse en la finca y convertirse en crecimiento.

Eddy Montás

SANTO DOMINGO.- Hay un principio económico que cualquier productor conoce por instinto antes de aprenderlo en un libro: el dinero que no se paga en impuestos es dinero que puede volver al campo. En forma de semilla, de inversión en riego, de un tractor, de un crédito más pequeño porque ya tienes más capital propio. Ese principio —simple, directo, verificable— es la columna vertebral de lo que la Ley 30-26 hace por el sector agropecuario dominicano.

La Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, lo resumió con precisión cuando valoró esta norma “la eliminación del Impuesto a los Activos y de los anticipos del ISR para los productores agropecuarios es una demanda que el sector llevaba más de diez años planteando”. No era un capricho. Era la corrección de una distorsión que durante años obligó al agricultor, al ganadero y al avicultor a pagar impuestos por tener tierra, animales y equipos, sin importar si ese año hubo ganancia o hubo pérdida. Pagaras o no, el Estado te cobraba por existir como productor.

 El ahorro concreto: de dónde sale y a dónde va

Entender el beneficio de la Ley 30-26 para el productor requiere entender primero qué le costaba el sistema anterior. El Impuesto a los Activos gravaba el patrimonio productivo: la tierra, la maquinaria, las instalaciones, el inventario de animales. Un productor con activos valorados en RD$10 millones, por ejemplo, podía enfrentar una carga anual por ese concepto independientemente de si su cosecha fue rentable o si una sequía le redujo el ingreso a la mitad.

Los anticipos del ISR añadían presión adicional: el productor debía adelantar pagos del impuesto sobre la renta antes de cerrar su ejercicio fiscal, en los meses en que precisamente más necesita liquidez para insumos, mano de obra y mantenimiento. Era una lógica que castigaba al productor en su momento más vulnerable.

Con la Ley 30-26, ambas cargas desaparecen a partir del ejercicio fiscal 2027. Eso significa que los recursos que antes salían del bolsillo del productor hacia la DGII permanecen en la finca. Y los recursos que permanecen en la finca no son neutrales, tienen un destino natural, que es la reinversión.

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, CONFENAGRO, fue directa al evaluar el impacto: esta medida libera capital que puede destinarse a tecnificación, modernización de explotaciones y aumento de la productividad. No es retórica institucional. Es la descripción exacta de lo que ocurre cuando un productor deja de destinar recursos a un impuesto sobre sus activos y los puede aplicar, en cambio, a mejorar los activos mismos.

El Régimen Simplificado: la puerta de entrada para el pequeño productor

Además de las exenciones directas, la Ley 30-26 amplía el Régimen Simplificado de Tributación para productores agropecuarios y personas físicas: el umbral de acceso sube de RD$12 millones a RD$15 millones de ingresos anuales. Esto puede parecer un detalle técnico, pero tiene consecuencias prácticas importantes.

El Régimen Simplificado reduce la carga administrativa del cumplimiento tributario. Para un pequeño productor que no tiene contador permanente ni estructura contable formal, declarar bajo este régimen es más sencillo, más barato y menos riesgoso que hacerlo bajo el régimen ordinario. Ampliar el umbral significa que más productores —los que han crecido en los últimos años y superaban el límite anterior— pueden seguir beneficiándose de ese esquema simplificado en lugar de migrar abruptamente a obligaciones más complejas.

La formalización no debería ser una trampa para quien produce. Debería ser un camino que se recorre con apoyo, no uno que penaliza el crecimiento. El ajuste del umbral del RST va en esa dirección.

El contraste que lo explica todo, el agro frente a los juegos de azar

Para comprender la lógica de quién paga más y quién paga menos en la Ley 30-26, ningún ejemplo es más ilustrativo que el contraste entre el sector agropecuario y el sector de los juegos de azar.

Mientras el campo recibe exención total de anticipos e Impuesto a los Activos, los casinos pasarán a pagar entre RD$70.000 y RD$100.000 mensuales por mesa. Las bancas de lotería abonarán RD$85.000 anuales más RD$200.000 por derecho de operación. Las bancas deportivas contribuirán entre RD$300.000 y RD$500.000 anuales. Las máquinas tragamonedas tributarán entre RD$15.000 y RD$18.000 mensuales. En varios de estos segmentos, los incrementos superan el cien por ciento respecto a lo que se pagaba antes.

La lectura de fondo es clara: una sociedad que quiere crecer con equidad no puede tratar igual a quien produce alimentos y genera empleo rural que a quien opera una actividad de entretenimiento de alto margen. Reducir la carga sobre el productor agropecuario mientras se incrementa sobre sectores con mayor capacidad contributiva no es favoritismo: es política fiscal con criterio de desarrollo.

Mientras menos carga carga el Estado sobre el productor de clase media o pequeño agricultor, más holgura tiene ese productor para invertir, crecer y generar empleo. Ese es el principio que subyace a las decisiones sectoriales de esta ley, y el campo dominicano tiene razones concretas para reconocerlo.

Cómo convertir la ley en acción? lo que el productor debe hacer ahora

Conocer la ley es el primer paso. Aprovecharla requiere planificación. Hay tres acciones concretas que el productor agropecuario debería considerar a partir de este momento:

Primero, revisar su declaración fiscal con un asesor. Las exenciones entran en vigor en el período fiscal 2027, pero la planificación empieza ahora. Conocer exactamente cuánto representaban el Impuesto a los Activos y los anticipos en su operación anual permite calcular el ahorro real y proyectar cómo destinarlo.

Segundo, evaluar si califica para el Régimen Simplificado ampliado. Si sus ingresos están entre RD$12 y RD$15 millones anuales y declara bajo el régimen ordinario, la Ley 30-26 le abre la puerta al RST. Ese cambio puede reducir significativamente su carga administrativa y los costos asociados al cumplimiento tributario.

Tercero, pensar el ahorro como capital de inversión. El beneficio de la ley no se materializa solo con no pagar. Se materializa cuando esos recursos se canalizan hacia mejoras productivas: tecnificación, ampliación de capacidad, reducción de pérdidas postcosecha o fortalecimiento del capital de trabajo. La instituciones de financiamiento agropecuario pueden ser un aliado clave en esa ecuación.