Antes aclaro que este artículo ha sido inspirado en un escrito del historiador Roberto Cassá acerca de la migración haitiana.
El Gobierno Militar de Estados Unidos en 1916, coincidió con la fase de mayor expansión del sector azucarero. Los oficiales de la Infantería de Marina, al servicio de los intereses de las empresas azucareras, favorecieron la llegada de trabajadores provenientes de Haití. Este país también estaba ocupado desde el año anterior.
Inicialmente la migración estaba regulada por permisos gubernamentales anuales a las empresas. Estas tenían el compromiso de la repatriación de los braceros después que concluía el período de zafra.
El sistema de concesión de permisos empezó a dejar de funcionar a finales del período del gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Entonces se produjo una tercera ola expansiva del sector azucarero, conectada con la concesión en arriendo de colonias cañeras a oficiales superiores.
Como es bien conocido, el diseño de formación de capitales después de 1965, sustentado en un ordenamiento autoritario, incluía tasas elevadas de ganancia e inversión. Y, en contrapartida, presión a la baja sobre las retribuciones salariales y los componentes sociales del gasto público.
Por aquella época, a pesar de las reservas del ejecutivo, comenzó a extenderse paulatinamente la utilización de mano de obra haitiana en otros rubros agrícolas. Entre ellos el café y el arroz, al igual que en la construcción, uno de los sectores más dinámicos dentro del auge del PIB.
La perpetuación de los componentes básicos de este esquema de acumulación, determinó a la larga la generalización del empleo de migrantes ilegales haitianos.
Tras el agotamiento del crecimiento industrial por vía de transferencia de recursos desde el agro por medio de la intermediación estatal en préstamos. disponibilidad de divisas baratas y exenciones tributarias, la recurrencia a la mano de obra haitiana se extendió incluso al turismo. El sector que pasó a marcar una reorientación de los sectores de punta hacia una economía mayormente de servicios.
Algunas cadenas hoteleras llegaron a instruir a sus gerentes a preferir la contratación de haitianos.
Con el progreso económico se habría agudizado la proverbial, vista desde arriba, haraganería del dominicano. Los empresarios agrícolas reforzaron su condición de grupo de presión cada vez que se tomaban medidas para reducir la población migrante ilegal.
Lo que quedaba patente, y lo sigue estando hasta hoy, es que el trabajador dominicano encontraba espacios de resistencia para no caer en esa condición. Unos términos laborales en extremo desventajosos, como los soportan los inmigrantes que escapan del espanto de uno de los países más pobres del mundo.
La agudización del empleo de haitianos devela, del lado dominicano, la continuidad de un esquema de superexplotación del trabajo en el desenvolvimiento de la economía.
En otros términos, se ha preferido mano de obra barata migrante a incrementar la productividad del trabajo.
En el interior del país se ha entrado a un persistente desorden migratorio. Se dejaron de aplicar del todo las disposiciones legales en materia de migración y de regulaciones laborales. El principal factor gravitante ha sido la corrupción, que comienza en la frontera. Y concluye en el disfrute de las conveniencias de la condición de ilegalidad de la población empleada.
Como consecuencia de estas variaciones, con anterioridad el migrante era traído de manera regulada y controlada. Pero desde hace décadas, de manera progresiva, es totalmente descontrolada, aprovechando la descomposición de los instrumentos legales del Estado.
La libre manifestación de estos factores ha dado lugar a la aceleración del ritmo de entrada de migrantes. Y se ha llegado a un punto en extremo delicado.
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.
