Por Francisco Tavárez
El mercado laboral dominicano atraviesa un momento decisivo que exige respuestas responsables y equilibradas. En medio de crecientes tensiones por la presencia de mano de obra ilegal —especialmente de origen haitiano— y la preocupación por el futuro de las pasantías para jóvenes dominicanos, el país debe optar por políticas que garanticen tanto la justicia social como la sostenibilidad del sistema laboral.
Es innegable que miles de haitianos indocumentados han encontrado en la economía dominicana una vía de subsistencia. Sin embargo, la falta de regulación no solo vulnera sus derechos, sino que también distorsiona el mercado laboral: empuja los salarios a la baja, dificulta la formalización del empleo y sobrecarga los servicios públicos.
Ante esta realidad, urge que el Estado asuma su rol con firmeza y sentido humanitario: regularizando lo que sea posible, controlando lo que se debe y sancionando lo que corresponda.
No obstante, en este proceso no deben perderse de vista derechos adquiridos, como la cesantía, que constituye una de las pocas herramientas de protección directa para los asalariados. Por el contrario, estos derechos deben fortalecerse mediante reglas claras y justas.
El reto es doble: proteger el sistema sin cerrarlo. Eso implica no criminalizar la necesidad del inmigrante, pero tampoco desproteger al trabajador nacional. Significa construir puentes entre legalidad, empleo digno y oportunidades reales.
La República Dominicana necesita una fuerza laboral productiva, documentada, capacitada y protegida. Para lograrlo, es indispensable mirar de frente la realidad, sin caer en xenofobia ni populismo, pero también sin permisividad ni negligencia.
El camino debe combinar firmeza con humanidad, regulación con inclusión, y trabajo con justicia. Solo así podremos construir un sistema laboral que funcione para todos, sin excepciones ni exclusiones.