¿Premiados por su ineficiencia? Los funcionarios protegidos por el presidente


Por Yojanny Hernández

SANTO DOMINGO.– El fenómeno de premiar a funcionarios con nuevos cargos a pesar de un desempeño cuestionable en sus posiciones anteriores ha generado críticas y controversias en el gobierno del presidente Luis Abinader.

Durante el cuatrienio 2020-2024, decenas de funcionarios del Partido Revolucionario Moderno fueron removidos de sus puestos solo para regresar al tren gubernamental con nuevas designaciones al inicio de este segundo mandato.

Estos funcionarios, destituidos, suspendidos o renunciantes tras estar involucrados en escándalos o mostrar un desempeño deficiente, han sido nombrados en otros cargos mediante decretos presidenciales. A continuación, se presenta una lista de algunos de estos casos:

Luz del Alba Jiménez: Fue ministra de la Juventud, reemplazando a Kisnberly Taveras. A casi un año en el puesto, donde devengaba un salario de 300 mil pesos, fue destituida mediante el Decreto 786-21 el 6 de septiembre de 2021, debido a denuncias de presuntas irregularidades en licitaciones. En marzo siguiente, el presidente intentó reintegrarla al gobierno como vicecónsul en Barcelona, pero la crítica social fue tan intensa que se suspendió su nombramiento.

Leonardo Faña: Tras ser acusado de acoso sexual por su exgerente financiera del Instituto Agrario Dominicano, María Isabel Flores, Faña solicitó una licencia de su cargo como director del IAD, donde ganaba 240 mil pesos. El 20 de agosto de 2021, fue destituido mediante el Decreto 518-21. Posteriormente, fue absuelto por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y volvió al gobierno como director del Programa Siembra RD, con un sueldo de 200 mil pesos.

Paula Disla Acosta: Fue destituida el 11 de octubre de 2021 del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), donde ganaba 270 mil pesos, tras ser acusada de un pésimo desempeño. Luego, fue designada como viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), con un sueldo de 240 mil pesos, mediante el Decreto 634-21.

Neney Cabrera: Tras un escándalo de presunta corrupción que llevó a la Contraloría a detectar contratos irregulares por más de 598 millones de pesos durante su gestión, renunció en diciembre de 2022 a la Dirección de Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia, conservando su rango de ministro. Sin embargo, mediante el Decreto 15-23, fue nombrado como ministro sin cartera para dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, con un sueldo de 300 mil pesos.

Roberto Fulcar: Se desempeñó como ministro de Educación hasta el 3 de agosto de 2022, cuando fue destituido mediante el Decreto 414-22 tras denuncias de irregularidades en su gestión. Actualmente, es ministro de Estado sin cartera, con un sueldo de 300 mil pesos.

Rafael Jesús Feliz García: Tras desempeñarse como ministro de la Juventud, en sustitución de Luz del Alba Jiménez, fue nombrado como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) por el presidente Abinader, tras una gestión cuestionable. Como rector, gana 250 mil pesos, un poco menos que los 300 mil que devengaba como ministro.

Faride Raful: Será la nueva ministra de Interior y Policía, en sustitución de Jesús (Chu) Vásquez. Como senadora, ganaba alrededor de 400 mil pesos, y fue criticada por su desempeño y opiniones desatinadas. Se prevé que en su nuevo cargo devengará 300 mil pesos.

Chu Vásquez: Su gestión al frente del Ministerio de Interior y Policía fue catalogada como ineficaz. A pesar de ello, fue nombrado cónsul dominicano en Nueva York mediante el Decreto 420-24, donde ganará alrededor de 2,000 a 2,500 dólares, en contraste con los 300 mil pesos que ganaba como ministro.

Enríquez García: Fue director general de Migración hasta el 3 de agosto de 2022, cuando fue destituido por Decreto 414-22 y reasignado como cónsul dominicano en Boston, a pesar de las críticas a su gestión. Como cónsul, gana 300 mil pesos, un aumento en comparación con los 235 mil pesos que ganaba en su anterior cargo.

Milagros Germán: Fue removida de su puesto como vocera de la Presidencia y luego designada como ministra de Cultura, a pesar de las críticas por su falta de conocimiento y éxito en su rol anterior. En su nuevo puesto, devenga un salario de 300 mil pesos, frente a los 180 mil que ganaba en la Presidencia.

Néstor Julio Cruz Pichardo: Tras ser destituido de la Dirección General de Pasaportes el 23 de enero de 2023 debido a denuncias por escasez de libretas y entregas tardías, fue nombrado cónsul general en Panamá mediante el Decreto 15-23, con un salario de 2,000 a 2,500 dólares.

Reacciones y análisis

El politólogo David la Hoz criticó que la mayoría de las designaciones del presidente Luis Abinader son poco afortunadas y podrían dañar la credibilidad del gobierno. Según él, estos nombramientos contradicen la supuesta política anticorrupción del gobierno y reflejan un esfuerzo por ganar tiempo, evitando resolver los problemas fundamentales de la población.

La Hoz también señaló la falta de evaluaciones sobre la gestión de algunos funcionarios, como el exministro de Educación Roberto Fulcar, cuya gestión no ha sido auditada adecuadamente. Según él, estas decisiones generan dudas y quitan credibilidad al gobierno.

Por otro lado, reconoció que la designación de Faride Raful como ministra de Interior y Policía podría ser acertada, ya que representa un cambio radical necesario en esa entidad. Sin embargo, lamentó que otras designaciones, como la de Fulcar, sean percibidas como una burla a la ciudadanía.

Opinión pública

Algunos ciudadanos han expresado su descontento con estos nombramientos. Eugenio Moronta, por ejemplo, opinó que los funcionarios acusados de corrupción no deberían ser reinstalados en ningún cargo. De manera similar, Pablo Nolasco criticó la designación de Chu Vásquez como cónsul en Nueva York, considerándolo un premio inmerecido tras su desempeño en el Ministerio de Interior y Policía.

Otros ciudadanos señalaron que el presidente debería dar oportunidad a nuevos funcionarios, en lugar de reincorporar a personas con un historial cuestionable.

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