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SANTO DOMINGO.- El director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció una serie de medidas incluidas en el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, con el objetivo de reforzar la ética y la transparencia en los procesos de adquisición del Estado.
Entre los cambios propuestos, se destacan:
Restricción a exfuncionarios: Quienes hayan ocupado cargos en instituciones públicas no podrán establecer vínculos comerciales con la entidad que dirigieron ni con sus dependencias durante el primer año tras su salida, evitando así conflictos de interés.
Sanciones por información falsa: Las personas que proporcionen datos fraudulentos en declaraciones juradas para registrarse como proveedores del Estado o participar en licitaciones podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión.
Castigo a irregularidades en contrataciones: Funcionarios que manipulen procesos de compra en beneficio propio o de terceros enfrentarán sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos.
Mayor acceso a la información: Todas las instituciones estarán obligadas a publicar de forma detallada sus contratos, licitaciones y adjudicaciones en sus portales oficiales, garantizando que la ciudadanía pueda auditar cada proceso.
Con estas reformas, el gobierno busca optimizar la gestión de los recursos públicos y prevenir irregularidades en las contrataciones, consolidando un marco normativo más estricto y transparente.
