Presidente Abinader promulga Ley 37-25 que abre participación extranjera en exploración de petróleo

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 37-25, que modifica el artículo 4 de la Ley 4532 del 31 de agosto de 1956, abriendo la puerta a la participación de empresas extranjeras en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y los espacios marítimos bajo jurisdicción de la República Dominicana.

La nueva legislación autoriza la intervención de personas jurídicas nacionales y extranjeras, ya sean públicas, privadas o mixtas, bajo el cumplimiento estricto del marco regulatorio dominicano. Uno de los requisitos clave es que toda empresa extranjera deberá incluir al menos un 15 % de participación accionaria dominicana, promoviendo así una mayor integración del capital local.

Tras la promulgación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que la Ley 37-25 establece el marco legal necesario para organizar una ronda de licitación en 2026, con el propósito de adjudicar bloques de exploración en zonas del país donde ya se han realizado estudios geológicos preliminares.

El ministro Joel Santos explicó que la normativa busca estimular la inversión extranjera directa en el sector energético, garantizando que el país pueda aprovechar de forma soberana y sostenible sus potenciales recursos petroleros y de gas natural.

“Estamos trabajando en los procedimientos técnicos y normativos que permitirán desarrollar la ronda de licitación conforme a los más altos estándares internacionales”, afirmó Santos. Añadió que la nueva ley está alineada con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que contempla el impulso a las fuentes de energía propias como parte de la seguridad energética del país.

La Ley 37-25 fue aprobada previamente por el Congreso Nacional tras un proceso de consulta interinstitucional, y entrará en vigor oficialmente tras su publicación en la Gaceta Oficial.

Esta reforma representa un paso estratégico para dinamizar el sector energético dominicano, fomentar la transferencia de tecnología y fortalecer la cooperación público-privada en un contexto de transición energética y atracción de capital extranjero.