El contrato firmado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con Transcore Latam, S.R.L para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, llegó a las puertas del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La empresa, que resultó adjudicada en un cuestionado proceso de Licitación Pública Nacional, solicitó a este tribunal una «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato que involucra una inversión de 1,317 millones de pesos.
La audiencia pública, que será presencial, fue fijada para el 5 de diciembre, a las dos de la tarde, en el salón 01 de la sala de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estableció en su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) la licitación pública nacional la «Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».
Sin embargo, el monto estimado para la contratación de licitación nacional fue de RD$413,536,800.20, de acuerdo al documento colgado en su página web.
