El Poder Ejecutivo sometió al Senado de la República un nuevo proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para la libertad de expresión y difusión de información a través de medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales como redes sociales.
La iniciativa, elaborada por el equipo jurídico de la Presidencia en colaboración con una comisión honorífica, plantea la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, una entidad que asumiría funciones regulatorias y sancionadoras, incluyendo la potestad de imponer sanciones a comunicadores y medios que incurran en infracciones.
De ser aprobada, esta nueva institución reemplazaría a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Según el documento, el propósito de la ley es garantizar que el ejercicio del derecho a informar y opinar se realice en equilibrio con la protección de los derechos de todas las personas involucradas en el proceso de búsqueda, recepción y difusión de ideas e información.
El proyecto también establece que será considerada una falta grave cualquier acto que restrinja, por vías de hecho o en contravención a la Constitución, el libre ejercicio del periodismo, la independencia de los medios o el derecho ciudadano a acceder a información pública.
Esta propuesta legislativa se produce en un contexto de debate nacional sobre el alcance y los límites de la libertad de expresión, especialmente en el entorno digital, donde las redes sociales se han convertido en un canal principal de comunicación e influencia.