SANTO DOMINGO.- El diputado Gustavo Sánchez presentó un proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley 1-24, la cual establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con un proyecto, que busca ajustar varios artículos de la ley vigente, apunta a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y los principios de transparencia en la administración pública.
Entre las principales modificaciones propuestas, se encuentra la necesidad de que un juez autorice la entrega de informaciones a la DNI. El artículo 11 de la ley, que actualmente permite a la DNI acceder a datos sin orden judicial, sería reformado para exigir que cualquier solicitud de información esté respaldada por una orden judicial, protegiendo así el derecho a la privacidad y el honor de las personas.
El proyecto también sugiere cambios en el artículo 9, que regula las investigaciones realizadas por la DNI. Se propone que estas investigaciones solo se lleven a cabo cuando una autoridad competente determine que las actividades investigadas representan una amenaza significativa para los intereses nacionales, las instituciones del Estado, o el orden constitucional. Además, el artículo 9 se modificará para asegurar que el control sobre la entrada y salida de extranjeros sea una tarea compartida con la Dirección General de Migración, en lugar de ser una prerrogativa exclusiva de la DNI.
Las modificaciones al artículo 22 buscan asegurar que los recursos económicos de la DNI se manejen de acuerdo con los principios constitucionales de transparencia y responsabilidad. Actualmente, la ley concede confidencialidad a los gastos reservados, lo cual ha sido criticado por la falta de transparencia.
Además, se propone eliminar las sanciones de prisión contenidas en los artículos 26 y 27 de la ley, que penalizan con cárcel de dos a tres años a quienes oculten o divulguen información requerida por la DNI. Estas sanciones serán sustituidas por medidas menos drásticas.
El proyecto de modificación se presenta en un contexto de críticas hacia la Ley 1-24, que ha sido cuestionada por supuestas vulneraciones a derechos fundamentales, como la libertad de prensa y la privacidad. La propuesta de Sánchez busca abordar estas preocupaciones y adaptar la ley a los estándares constitucionales y de derechos humanos.