Por Francisco Tavárez
SANTO DOMINGO.- El reciente despliegue de más de 400 efectivos, apoyados por unidades marítimas, aéreas y terrestres, en coordinación con 47 fiscales, para ejecutar 37 órdenes de allanamiento simultáneas, es, sin duda, un esfuerzo monumental. Este operativo tuvo como objetivo capturar a una red de narcotráfico internacional que operaba desde nuestro país, moviendo cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Las dos toneladas de cocaína confiscadas en territorio dominicano son solo una pequeña muestra del volumen que esta red ha movilizado.
Sin embargo, mientras celebramos la contundencia de este golpe contra el narcotráfico, no podemos obviar un detalle crucial y profundamente preocupante: la participación activa y la coordinación por parte de la DEA. ¿Qué clase de soberanía tenemos si nuestras autoridades necesitan de agentes extranjeros para lidiar con las amenazas que operan en nuestro propio territorio?
Es vergonzoso que, pese a los avances en la capacitación y equipamiento de nuestras fuerzas de seguridad, aún se dependa de organismos externos para coordinar operaciones de esta magnitud. ¿Acaso no somos capaces de hacer frente a las redes de crimen organizado que utilizan a la República Dominicana como un puente en sus rutas ilícitas? Si la respuesta es no, debemos preguntarnos qué fallas existen en nuestro sistema de seguridad, justicia y gobernanza.
No podemos seguir permitiendo que la intervención extranjera sea el pilar de nuestra lucha contra el narcotráfico. Si bien la cooperación internacional es necesaria, no debe ser a expensas de nuestra soberanía. Es imperativo fortalecer nuestras instituciones para que podamos llevar a cabo estos operativos de manera autónoma y juzgar a los criminales aquí, en nuestra tierra, sin depender de fuerzas extranjeras.
La República Dominicana se dice independiente, pero ¿cómo podemos hablar de independencia si nuestras autoridades no tienen el control pleno sobre su territorio? Es momento de tomar el control de nuestra seguridad y demostrar que somos capaces de proteger a nuestro pueblo, sin recurrir constantemente a la tutela de organismos extranjeros.