Por Francisco Tavárez
La reciente detención de 92 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, durante operativos realizados por la Dirección General de Migración (DGM) en tiendas de origen chino, ha generado un notable eco mediático. A esto se suma que las redadas coincidieron con inspecciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) en los mismos establecimientos, lo que sugiere un intento más amplio de control sobre estas redes comerciales.
Sin embargo, más allá del despliegue de fuerza y de las imágenes virales que inundan las redes sociales, estas acciones oficiales revelan fracturas sociales y legales que rara vez reciben la misma atención: la responsabilidad de los empleadores, la precariedad del trabajo migrante y la aplicación desigual de la ley.
Las inspecciones no solo confirman la presencia de migrantes en situación irregular, sino que también dejan al descubierto prácticas sistemáticas de contratación ilegal por parte de muchos empresarios. A pesar de que la Ley de Migración 285-04 establece sanciones claras —como multas de cinco a treinta salarios mínimos, según su artículo 132—, hasta ahora no se ha anunciado ningún proceso legal contra los propietarios de estos comercios. El artículo 104 de la misma ley incluso obliga a los empleadores a cubrir los gastos de deportación de los trabajadores indocumentados.
Pese a esto, la presión institucional parece centrarse únicamente en la cara más visible del problema: los trabajadores migrantes, en lugar de apuntar hacia los engranajes empresariales que se benefician de su vulnerabilidad.
Además, es evidente que muchos de estos negocios incumplen otro requisito legal: la proporción mínima del 80% de empleados dominicanos y un máximo de 20% de extranjeros. Esta normativa, concebida para proteger el empleo local, se ignora o fiscaliza de forma muy limitada.
Lo que debería ser una política migratoria equilibrada y basada en derechos termina así reducida a una operación unilateral que castiga a los más débiles y protege, de facto, a quienes operan en las sombras con total impunidad.
La migración irregular no puede seguir tratándose como una simple cuestión de presencia física. Si el Estado busca legalidad y justicia, debe comenzar por aplicar la ley de forma equitativa, desde arriba hacia abajo. De lo contrario, seguirá perpetuando un sistema que castiga la necesidad y protege el beneficio.
