“Que resuelvan en su país aquí no tienen que mandar ”: Congreso responde a Amnistía Internacional por críticas a protocolo migratorio

Vanessa Valdez

SANTO DOMINGO.-Las recientes observaciones de Amnistía Internacional sobre el protocolo migratorio aplicado en hospitales públicos dominicanos encontraron rechazo entre legisladores de diferentes partidos, quienes defendieron la política implementada por el Estado para controlar la migración irregular y preservar los servicios de salud.

Diputados y senadores consideraron que el organismo internacional debe enfocar sus esfuerzos en la situación interna de otros países antes de cuestionar las decisiones adoptadas por República Dominicana frente a la crisis haitiana. Además, insistieron en que las autoridades dominicanas actúan dentro del marco legal y en defensa de la soberanía nacional.

El protocolo hospitalario forma parte de las medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader desde abril de 2025, con el objetivo de fortalecer los controles en los centros de salud y enfrentar el impacto de la migración irregular en el sistema público.

En su posición, Amnistía Internacional pidió garantizar que ninguna persona sea detenida o deportada tras recibir atención médica y advirtió sobre posibles actos discriminatorios derivados de la aplicación del protocolo.

No obstante, congresistas defendieron la actuación del Gobierno y aseguraron que República Dominicana ha demostrado durante años solidaridad con el pueblo haitiano, pese a las presiones económicas y sociales que enfrenta el país.

A esto se suma el informe presentado por el Observatorio de Políticas Migratorias, el cual señala que el protocolo se está ejecutando completamente en los hospitales públicos, provocando una disminución considerable en la asistencia de parturientas haitianas y permitiendo reforzar áreas hospitalarias con recursos recuperados por el sistema de salud.

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, también respaldó la aplicación de las normas migratorias y sostuvo que cumplir la ley no debe interpretarse como un acto de racismo, sino como una responsabilidad de cualquier Estado soberano.