SANTO DOMINGO.-La Red Nacional de Alto a la Trata y Tráfico de Personas manifestó que el sistema judicial que existe en el país demuestra las debilidades en la lucha contra el delito de este delito por no tener acciones efectivas, eficientes, eficaces ni oportunas.
Eduardo Pérez Agüero, presidente de la Fundación RATT Dominicana y coordinador hemisférico de la RATT Internacional y países asociados, Coalición 6 de la OEA, expresó su preocupación por la invisibilidad de esta grave problemática en las políticas públicas y la carencia de datos que permitan dimensionar su magnitud y formular estrategias de intervención adecuadas.
En cuanto al caso de las víctimas de trata rescatada en la provincia de Santiago de los Caballeros indicó que el gobierno dominicano mediante al protocolo de Parlermo, tiene la responsabilidad de reguardar, asistir psicológica mente y realizar pruebas médicas correspondientes para descartar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, y apoyar en de manera económica a estas víctimas.
Según el protocolo de Parlermo indica que el país receptor está en la obligación de darles acogida en caso de que estas víctimas no quieran regresar a su país. Pérez indico que en el caso de los apresados este protocolo estable que los condenados deben indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados.
Doris Nouel, vicepresidente de la RATT y embajadora de la RATT internacional, indicó que el país tiene una deuda con la persecución y castigo del delito a la trata y tráfico de personas. “Tipificar la compra-venta de seres humanos es una deuda constitucional con la comunidad internacional, ya que si bien la Constitución Nacional prohíbe la compra y venta de personas, el Código Penal no lo recoge como delito. Es decir que comprar y vender personas no es aún un delito en la Republica Dominicana ¡Algo a todas luces insostenible!. Expresó Nouel en sus declaraciones a los medios de comunicación.
La RATT se mantendrá firme ante las autoridades dominicanas para pedir que se promueva más el tema ante la sociedad dominicana y brindar apoyo a las víctimas del delito de trata y tráfico, que atenta contra dignidad, las vidas y los derechos humanos de las víctimas.
