Regular para proteger: la deuda histórica del mercado inmobiliario dominicano

Francisco Tavárez

La discusión en el Congreso Nacional de la República Dominicana sobre la Ley de Intermediación Inmobiliaria marca un punto de inflexión necesario para un sector que durante años ha operado entre la informalidad, la improvisación y, en no pocos casos, el engaño.

La iniciativa, aprobada en primera lectura en el Senado, plantea algo tan básico como imprescindible: que todo agente, promotor o desarrollador inmobiliario deba estar debidamente certificado para operar. En otras palabras, profesionalizar un mercado donde hasta ahora cualquiera podía vender sueños… aunque esos sueños nunca se materializaran.

Durante demasiado tiempo, los dominicanos —y especialmente la diáspora— han sido víctimas de proyectos “de fantasía”: torres que no existen, áreas sociales infladas como anuncios publicitarios y promesas que se diluyen al momento de la entrega. No es un problema menor; es un golpe directo a la confianza, al ahorro familiar y a la seguridad jurídica del país.

Por eso, la exigencia de una licencia obligatoria, así como la creación de una “Licencia Especial de Comercialización e Intermediación” para promotores y desarrolladores, no debe verse como una traba burocrática, sino como una garantía mínima de seriedad. La regulación no es el enemigo del mercado; es su columna vertebral.

Que esta normativa esté bajo la supervisión del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones refuerza la intención de ordenar, supervisar y transparentar las operaciones. Más aún, los requisitos establecidos —desde estar al día en obligaciones fiscales hasta contar con estructuras operativas claras— apuntan a separar a los actores formales de aquellos que han hecho del desorden su modelo de negocio.

Igualmente relevante es el reconocimiento explícito de la publicidad engañosa como una práctica sancionable, en consonancia con la Ley 358-05 de Protección al Consumidor. En un mercado donde la imagen vende más que la realidad, poner límites claros a la desinformación es un paso decisivo.

Sin embargo, la aprobación de la ley será apenas el comienzo. El verdadero reto estará en su aplicación efectiva. Las leyes, por sí solas, no transforman realidades si no van acompañadas de voluntad política, supervisión constante y sanciones ejemplares.

Esta legislación no solo busca limpiar el mercado inmobiliario; busca restaurar la confianza. Y en un país donde invertir en una vivienda representa uno de los mayores esfuerzos económicos de una familia, esa confianza no puede seguir siendo un riesgo.

Regular no es frenar el desarrollo. Regular es evitar el abuso. Y en este caso, es también una forma de justicia.