Por Francisco Tavárez
La República Dominicana es un Estado soberano, con instituciones democráticas, leyes claras y una vocación inquebrantable de respeto a los derechos humanos. Como tal, tiene el derecho —y el deber— de aplicar su legislación migratoria, velar por la seguridad de sus ciudadanos y proteger la integridad de su territorio.
Resulta inaceptable que, en medio de una crisis humanitaria y de gobernabilidad sin precedentes, el recién conformado Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití pretenda cuestionar las acciones legítimas del gobierno dominicano frente al fenómeno de la migración irregular. Mientras Haití carece de presidente, de instituciones funcionales, de hospitales operativos y de control sobre su propio territorio, no puede pretender dictar normas o emitir reproches a una nación que, por décadas, ha asumido con generosidad una carga que no le corresponde.
El gobierno dominicano ha reiterado su compromiso con el respeto a los derechos humanos, incluyendo en los procesos de deportación de inmigrantes en situación migratoria irregular. Sin embargo, ese compromiso no significa renunciar a hacer cumplir la ley, ni ceder ante la presión de actores nacionales o internacionales que buscan politizar una realidad que es, ante todo, de orden y legalidad.
El pueblo dominicano ha sido paciente, solidario y hospitalario. Pero también está claro: no puede, ni debe, cargar indefinidamente con las consecuencias del colapso institucional haitiano. No se puede negociar con el caos. Y si el gobierno dominicano no actúa con firmeza, el pueblo actuará, como ha demostrado en otras etapas de nuestra historia.
El llamado al diálogo debe dirigirse primero hacia dentro de Haití, hacia sus propios actores sociales, políticos y armados. Que dialoguen con Barbecue y sus bandas. Que restablezcan el orden. Que reconstruyan sus instituciones. Solo entonces podrá hablarse de cooperación real entre dos naciones soberanas.
La República Dominicana mantendrá firme su política migratoria y defenderá siempre, sin vacilaciones, su soberanía, su legalidad y el altar de la patria.