Retos pendientes de la justicia dominicana

Por Francisco Tavárez

La justicia es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. En la República Dominicana, bajo la presidencia de Luis Henry Molina Peña, la Suprema Corte de Justicia ha mostrado un nivel de institucionalidad que ha devuelto cierta confianza en el manejo de este poder del Estado. Su rol se ha caracterizado por sobriedad, corrección y cercanía con las exigencias que demanda el momento histórico.

No obstante, más allá de la figura de su presidente, persisten retos estructurales que cuestionan la solidez del sistema judicial. La sombra de la corrupción en sectores de la judicatura, la práctica de sentencias favorecedoras a intereses políticos o económicos, y la percepción de desigualdad en la aplicación de la ley continúan minando la credibilidad de los tribunales.

Resulta evidente para la ciudadanía la disparidad entre la severidad con que se sancionan delitos menores y la benevolencia con que se tratan casos de gran impacto social, económico o político. Esta contradicción alimenta la desconfianza y proyecta una justicia que no siempre responde al ideal de equidad.

El reto de construir una justicia del futuro implica no solo sostener la institucionalidad que representa la actual Suprema Corte, sino también garantizar que cada juez actúe con independencia, transparencia e integridad. La verdadera fortaleza del sistema no radica únicamente en su dirección, sino en la coherencia de todo el cuerpo judicial frente al imperio de la ley.

Solo así la justicia dominicana podrá consolidar su legitimidad y responder a la expectativa de una sociedad que anhela igualdad y confianza en sus instituciones.