San Juan habló

Federico A. Jovine Rijo

Cuando se caen los palitos, suelen caerse todos juntos. La mina de El Romero, en San Juan, es un claro ejemplo de cómo coinciden en un solo punto múltiples vectores, factores y causas, convirtiendo un tema local en un problema nacional.

Habría que ir a 2018, cuando el Ministerio de Energía y Minas autorizó la solicitud de autorización de concesión, que finalmente no sería aprobada por el presidente Medina, quizás, porque aparte de los legítimos reclamos y preocupaciones de la gente, en esas contradicciones se expresaban conflictos internos del PLD, reclamos ambientales y cuestionamientos de la oposición, etc.

La llegada del PRM no significó avances ni cambios de posiciones institucionales, y, mientras la empresa hibernaba, iba aglutinándose a nivel nacional el rechazo de amplios colectivos a las operaciones mineras en la provincia.

Históricamente, el Estado dominicano ha sido negligente e irresponsable, no obstante, la expedición de los TDRs del EIA –por parte del MIMARENA, junio 2025– es una medida jurídica valiente y correcta, pues toda discusión en torno a la viabilidad y pertinencia del proyecto debe darse desde argumentos científicos verificables y medibles.

El problema no es San Juan, porque su gente tiene derecho a decidir lo que quiere y cómo lo quiere; el problema no es si la operación minera es limpia o ambientalmente sostenible; si beneficiará o no a la gente de la provincia.

Hoy nada de eso importa, porque así como el Ministerio de Energía y Minas ha sido negligente en dotar al país de una ley de minería moderna; revisar el contrato CEAM con Barrick; liderar la discusión nacional entre todos los actores –mineros, ambientales, económicos, sociales, políticos, académicos, etc.– para, de manera articulada y consensuada formular, asumir y ejecutar una política minera a largo plazo; igual de desafortunado ha sido el manejo de la empresa, que pensó que el problema era comunicacional y no entendió que para lograr el apoyo político, necesitaba contribuir de manera activa a la creación de condiciones sociales a nivel local, y que esto sólo se lograba con información creíble, trabajo social de base e involucramiento de los actores locales en todos los eslabones del proceso productivo.

El problema es que San Juan hoy es un pararrayos, y todas las críticas, frustraciones, resentimientos, dudas, certezas, temores, rabia –etc.–, que la actividad minera ha generado –en Cotuí, Maimón, Bonao, La Vega, etc.–, se cristalizan en los reclamos que hace una provincia empoderada y decidida.

Si Danilo Medina –que no le tenía miedo a nadie–, no firmó Romero ni Loma Miranda, ¿lo hará un gobierno que actúa y reacciona en función de redes sociales?, ¿a vísperas de un año preelectoral?, ¿cuando ni siquiera tiene candidato definido?

No sueñen con eso. San Juan ya habló y la discusión no será jurídica, ambiental o técnica, será política; y este gobierno, que no tuvo el valor de hacer una reforma fiscal necesaria, difícilmente autorizará eso.