Dueños absolutos de la zona turística más importante del país perviven en un enfrentamiento que no tiene descanso haciendo caso omiso a la canción que escribiera Rita Indiana titulada da pa lo do.
Es bueno aclarar que hacemos mención de esta rivalidad solo por contextualizar el tema en cuestión, aunque todo parece indicar que en este caso los Rainieri no están involucrados, sino una compañía internacional que exige la aclaración del dinero que se mueve en estas transacciones.
Al salir del gobierno la pasada administración del expresidente Danilo Medina otorgó a la familia Haozoury el permiso para la construcción de un aeropuerto en la zona de Bávaro, una decisión que generó asombro ante la población por que se produce precisamente en la transición de mando, cosa que de alguna manera ponía en entredicho la legalidad de la decisión.
Evidentemente la reacción de los Rainieri no se hizo esperar al entender que dos aeropuertos a escasos kilómetros de distancia era improcedente. Al llegar las nuevas autoridades el Instituto de Aviación Civil (IDAC) declararon nulo el permiso bajo el alegato de que se había emitido incurriendo en violación de los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.
Pues resulta que ahora se abre un nuevo episodio en esta obra y es que la justicia ha ordenado investigar, acusados de lavado, al presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana Surum Hernández y al presidente del Grupo Cap Cana, Abraham Hazoury.
El propósito es determinar el origen de los recursos millonarios con los que fueron comprados esos terrenos para esa infraestructura y el cumplimiento de los requisitos impositivos.
No se puede garantizar que no haya nada oscuro en medio de estas adquisiciones, aunque también llama la atención el pronunciamiento de un juez al ordenar una investigación de lavado, algo que es poco usual, sobre todo porque el juez Rigoberto Sena Ferreras ordenara a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y los movimientos bancarios del aeropuerto internacional de Bávaro a través de la empresa Panameña CVC ONE de Hazoury Toral, originalmente propiedad de Miguel Surum y por esta razón se ve vinculado al vender la empresa con la que se opera toda la transacción del aeropuerto internacional de Bávaro.
El magistrado titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitió la sentencia el pasado 27 de abril en atención a un recurso sometido por la empresa Mahoe Traiding, ante la tardanza de la Fiscalía del Distrito Nacional en iniciar las diligencias de investigación demandadas hace dos meses.
Esta solicitud ha generado bastante revuelo y la sentencia indica que acoge dicha solicitud de realización de diligencias de investigación presentada por la empresa de comercio Mahoe Traiding LTD cuyo abogado es el doctor Jorge Lora Castillo por haberse realizado la misma conforme a la norma procesal vigente.
A lo largo de meses se ha visto cómo ellos han acusado a las autoridades, incluso reguladoras de la aviación en República Dominicana, luego acusaciones y que involucraban al procurador, a la fiscalía, incluso a Rosalba Ramos que no había respondido ni realizado ninguna gestión a casi dos meses.
Se mueve mucho dinero en la opinión pública nacional, compra de líneas editoriales. Hay de todo mezclado, se dice que hay miembros del Comité Político que son socios de la familia Hazoury quienes también acusan a Rainieri de evadir impuestos y tener operaciones bastante dudosas en el aeropuerto internacional de Punta Cana.
Hay que darle tiempo porque cuando familias poderosas invierten tanto para lograr establecer un negocio es importante que impere la sensatez sobre lo que sea conveniente para el país.
Por Francisco Tavarez, el Demócrata.