La negativa de parte de la población a no vacunarse conllevó a que el Congreso sometiera un proyecto que obligue a la sociedad a hacerlo. El hecho de que se haga una ley ha generado acalorados debates entre quienes entienden que se violan sus derechos si se les impone vacunarse.
Nosotros, desde el Demócrata, queremos hacer los aportes que entendemos pueden arrojar luz en este tema desde nuestra experiencia como abogado.
En primer lugar, y hemos dicho en todos nuestros medios, primero el gobierno debe desarrollar una campaña masiva motivando a la población a vacunarse.
Más allá de los esfuerzos del gobierno hemos ponderado la crítica de que se ha centrado demasiado en la figura de la Vicepresidenta Raquel Peña. Ella tiene la coordinación del Gabinete de Salud y todo lo que tiene que ver con la Covid-19.
El presidente Luis Abinader ha tomado la palabra a quienes hemos hecho el señalamiento de los pocos esfuerzos realizados para motivar la vacunación. El gobierno se ha lanzado a las calles, junto a sus Ministros, y se ha visto la respuesta involucrando a toda la ciudadanía y sectores.
Debemos reiterar que, antes de abrir un debate sobre la obligatoriedad y si es constitucionalmente correcto, hay que agotar las fases de motivación. Hay hacer acuerdos en alianzas público privadas con los bancos para que den acceso a préstamos con tasas preferenciales a aquellas personas que se vacunen.
A micro, pequeñas y medianas empresas que incentiven a sus empleados a vacunarse. Acuerdos con los sectores educativos, universidades y colegios privados, que motiven a los estudiantes otorgando descuentos en la reinscripción, en el pago de los créditos.
También que las Iglesias motiven su feligresía y en donde estén vacunados tengan libre tránsito y se les autorice a estar presente en sus cultos. Que los bares y restaurantes que acepten clientes vacunados, etc.
Incentivos que involucren acciones económicas como exenciones fiscales, eliminación de los anticipos a empresas que tengan sus empleados vacunados. Que los comercios ofrezcan descuentos a todos sus clientes vacunados.
Cuando se hayan agotado todos estos recursos de motivación, entonces viene la parte legal. La ley General de Salud y la Constitución de la República, dan las facultades a generar imposiciones, obligaciones, para que las personas se vacunen.
El debate aquí se centra en cuanto a garantizar la salud pública. La covid-19 es una enfermedad que amenaza la salud de todos los dominicanos y los extranjeros que estén de tránsito en nuestro territorio.
La decisión individual de no vacunarse expone la vida, que es un derecho constitucional, entonces, quienes no decidan vacunarse, deberán ser obligados a hacerlo. No ya por un respeto a la individualidad, sino por la amenaza a la colectividad.
Es una responsabilidad social, individual y colectiva, por lo que entendemos que nuestro marco jurídico faculta al estado a obligar a la vacunación. Esto es un tema de vida o de muerte, más allá de la individualidad.
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.
