El Senado de la República aprobó el pasado viernes, en primera lectura, el proyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo como parte de sus esfuerzos para reforzar el combate a estos delitos.
No obstante, durante la sesión celebrada este lunes, cuando se conocía la pieza en segunda lectura, el senador Omar Fernández presentó una propuesta de modificación que busca endurecer las sanciones contra funcionarios públicos implicados en estos crímenes.
Su propuesta plantea inhabilitar de manera permanente a los servidores públicos que reincidan en el tráfico de migrantes indocumentados.
La versión actual del proyecto, elaborada por una comisión especial del Senado, establece una inhabilitación de cinco años para los empleados públicos condenados por este delito, y de diez años en caso de reincidencia.
Fernández consideró que dichas sanciones son insuficientes para disuadir la participación de funcionarios en estas redes ilegales, por lo que propuso una penalidad más severa.
El proyecto continúa su curso legislativo y deberá ser debatido nuevamente con las modificaciones sugeridas antes de su aprobación definitiva.
