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Por: Yohanny Hernandez
En República Dominicana, las desapariciones de personas se ha convertido en un fenómeno doloroso y preocupante. Cada vez más, se reportan casos de personas que desaparecen sin dejar rastro, dejando un vacío imposible de llenar y un sinfín de preguntas sin respuesta.
Entre 2017 y 2022, se registraron 1,183 personas desaparecidas, según datos presentados por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
Entre 2020 y 2024 la Procuraduría General de la República documentó 1,209 casos que contrata con los 2,000 que reportó la Asociación Dominicana de Familias Desaparecidas (ASODOFADE).
Muchas de estas desapariciones siguen sin resolverse, dejando un rastro de incertidumbre y dolor en la sociedad, pues, no aparecen ni vivos ni muertos, por lo que las familias de las víctimas dicen sentirse abandonadas por las autoridades.
El trauma es evidente para los familiares y amigos que buscan esperanzados e incansablemente a sus seres queridos.
Entre los que aún viven sin saber el rumbo de sus parientes se encuentran los familiares de Yuneiris Tavárez, de 34 años, quien desapareció el lunes 6 de septiembre de 2023 y aún no hay pista de ella.
La historia se repite con Ángel Camilo Puello, quien desde el 4 de diciembre salió en un motor y hasta el momento las autoridades no han dado respuesta.
La última en sumarse a la lista es la joven originaria de la india, Sudiksha Konanki, quien desapareció desde el jueves 6 marzo del presente año en un hotel de Punta Cana, por la cual las autoridades han impeccionado mar y tierra.
Pero los que no han corrido con la misma suerte son José Vittini de quien no se sabe nada desde el 18 de marzo del 2022, Reybi Romero extraviado desde el 25 de julio de 2022, Suleina Sacarla Juma, Yoan Genao, Juan Américo Sosa, Ana Iris Román, entre otros.
Expertos indican que además de los problemas de salud mental que podrían sufrir los desaparecidos, también el impacto emocional que sufren los familiares y amigos tiene graves repercusiones.
Ante la ausencia de un sistema de respuesta inmediata, en el país se exige la aprobación de la alerta Amber, que busca activar la búsqueda de desaparecidos antes de las 72 horas establecidas actualmente.
Muchos de los casos que comienzan como una simple desaparición se convierten en una búsqueda constante de respuestas, de justicia y de un cierre para aquellos que anhelan encontrar a su pariente.
