Soberanía, identidad y una línea que no debe cruzarse

Francisco Tavárez

La República Dominicana vuelve a ser empujada, de manera irresponsable y peligrosa, hacia la órbita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que ya en el pasado intentó imponer decisiones contrarias a nuestra soberanía, a nuestro orden constitucional y a la identidad nacional. Hoy, en medio de la más grave crisis haitiana de su historia, pretenden repetir el mismo libreto, ignorando advertencias, precedentes y el sentir mayoritario del pueblo dominicano.

El Tribunal Constitucional fue categórico en 2015. No dejó espacio para interpretaciones ni ambigüedades: la adhesión del país a la jurisdicción de la Corte Interamericana vulnera el Estado de Derecho. Así lo estableció una alta corte presidida entonces por el doctor Milton Ray Guevara, una figura que llena de orgullo a la nación y cuyo fallo sentó un precedente jurídico firme y vinculante. Reabrir ese debate no es solo imprudente; es una provocación institucional.

La experiencia ya está escrita. Tras aquella adhesión, comenzaron a buscar haitianos deportados para demandar al Estado dominicano ante instancias internacionales. La Corte Interamericana no tardó en condenar al país y en emitir fallos que pretendían ordenar, a una nación libre y soberana, la entrega de documentos a personas que habían ingresado de manera ilegal y que habían sido deportadas conforme a nuestras leyes. Aquello fue una afrenta directa a la autoridad del Estado dominicano.

Hoy el contexto es aún más delicado. Haití atraviesa un colapso total, mientras en la frontera operan mafias que trafican con seres humanos, con la complicidad de sectores militares y políticos que han convertido la dominicanidad en mercancía. Senadores, alcaldes y alcaldesas han sido señalados en un entramado que debilita la seguridad nacional y erosiona la confianza ciudadana. En ese escenario, insistir en llevar al país de nuevo ante un organismo que ya ha demostrado desconocer nuestra realidad es jugar con fuego.

No bastó lo ocurrido en Friusa, ni la reacción firme de una ciudadanía que se levantó para defender su territorio, su identidad y su derecho a existir como nación. Ahora se intenta, de nuevo, amarrar a la República Dominicana a un “mamotreto” jurídico que viola la soberanía, la seguridad y el orden constitucional.

Presidente Luis Abinader, este no es el momento. El país no está en su mejor hora y su gobierno tampoco. Insistir en este camino es abrir un frente innecesario y peligroso. La historia ya habló, la justicia constitucional ya decidió y el pueblo está alerta.

Que no se equivoquen: la República Dominicana no aceptará imposiciones externas ni experimentos políticos que comprometan su futuro. No inventen. El horno no está para galletitas.