Tribunal condena a cinco miembros de red de narcotráfico y ordena decomiso de bienes millonarios

LA ROMANA.- Cinco integrantes de una organización vinculada al narcotráfico y al lavado de activos fueron sentenciados a 10 años de prisión por un tribunal de La Romana, tras admitir los hechos que les imputaba el Ministerio Público mediante un procedimiento penal abreviado.

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana contra Kendy José Ramírez, Paola Moni Ochoa, Matilde Aquino, Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez, quienes además deberán cumplir con sanciones económicas impuestas por el tribunal.

En el caso de Ramírez, Ochoa y Aquino, la sentencia incluye multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público, mientras que Basker Vásquez y Rodríguez Martínez fueron condenados al pago de RD$50,000 cada uno.

Como parte de la resolución judicial, fueron confiscados todos los bienes incautados durante la investigación, entre ellos vehículos de lujo y dos propiedades que, según las autoridades, habrían sido adquiridas con recursos provenientes de actividades ilícitas. El valor de los activos decomisados supera los RD$10 millones.

Las autoridades explicaron que el caso tomó fuerza tras varios allanamientos realizados el 1 de junio de 2023 en distintos sectores de La Romana. Durante esos operativos fueron arrestados miembros de la estructura criminal y ocupadas sustancias narcóticas, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con las operaciones del grupo.

De acuerdo con la investigación financiera, la organización utilizaba diferentes mecanismos para introducir al sistema económico fondos obtenidos del narcotráfico y ocultar su origen. El Ministerio Público sostiene que Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino desempeñaban funciones de testaferros para la adquisición de bienes muebles e inmuebles utilizados en las maniobras de lavado de activos.

La investigación fue desarrollada por los fiscales Claudio Cordero y Johanny López Vargas, quienes recopilaron las pruebas que sustentaron las acusaciones y permitieron establecer la procedencia ilícita de los bienes ocupados. La representación del Ministerio Público en audiencia estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota.