Tribunal dominicano autoriza ejecutar condena de EE.UU. por más de US$907 mil contra la JCE

SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional autorizó la ejecución en la República Dominicana de una sentencia emitida por una corte de Estados Unidos que condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de más de US$907 mil a una empresa contratada para prestar servicios logísticos en el extranjero.

La decisión fue emitida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de exequátur, procedimiento mediante el cual se reconoce la validez y permite la ejecución en el país de una sentencia dictada por un tribunal extranjero.

El fallo original fue pronunciado el 21 de noviembre de 2025 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la cual ordenó a la JCE pagar US$838,337.50 por los servicios contratados, además de US$48,370.93 por intereses previos al juicio y US$20,628.00 por intereses posteriores a la sentencia, para un total superior a US$907 mil.

De acuerdo con el expediente judicial, la empresa Latin Events sostuvo que fue contratada por la JCE en agosto de 2023 para ofrecer servicios logísticos durante actividades institucionales realizadas fuera del país. La compañía alegó que cumplió con las obligaciones pactadas, pero que nunca recibió el pago correspondiente.

Ante esa situación, la empresa presentó una demanda ante la justicia estadounidense. La resolución indica que la acción judicial fue notificada en una oficina de la JCE ubicada en Nueva York; sin embargo, la institución no compareció al proceso ni presentó defensa, por lo que la corte emitió una sentencia en rebeldía. Al no ser apelada dentro del plazo legal, la decisión quedó firme.

Al conocer la solicitud de exequátur, el tribunal dominicano concluyó que la sentencia cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, al tratarse de una decisión definitiva, debidamente apostillada, traducida al español y sin contradicción con el orden público nacional.

Con esta decisión, la empresa queda facultada para iniciar en territorio dominicano los procedimientos legales destinados a obtener el cobro de la suma reconocida en la sentencia extranjera.