Tribunal revoca condena contra expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

BOGOTÁ. — Un tribunal colombiano revocó el martes la condena contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe y lo absolvió de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años bajo arresto domiciliario.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, defendió su inocencia en el primer juicio contra un expresidente en el país y tildó la condena de persecución política, asegurando que la jueza fue sesgada en su contra. Sus abogados apelaron cuestionando la validez de las pruebas al considerar que no se demostró de manera “inequívoca” la responsabilidad del expresidente.

“La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales… uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral”, indicó el tribunal en la audiencia virtual.

El nuevo fallo podrá ser elevado por las partes en un recurso adicional a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.

El proceso penal contra Uribe, un político conservador de 73 años, ha generado un pulso político entre seguidores y detractores cuando el país está en plena campaña preelectoral para los comicios legislativos y presidenciales de 2026. Uribe se lanzaría de nuevo para ser senador si sus temas judiciales se lo permiten, según ha dicho su partido el Centro Democrático.

Uribe fue condenado en primera instancia por instigar al abogado Diego Cadena para manipular a tres exparamilitares con ofrecimientos de dinero o beneficios penales para que declararan a su favor y negaran cualquier presunto vínculo del expresidente con esos grupos ilegales. Fue absuelto en un caso de soborno a una exfiscal condenada por corrupción.

Por el mismo caso, Cadena también fue sentenciado a siete años de prisión en un juicio paralelo luego de que un juez concluyera que intentó cambiar en 2018 la versión de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado por secuestro extorsivo, que declaró que el grupo paramilitar del que formó parte fue creado en la década de 1990 en la hacienda Las Guacharacas, que perteneció a la familia de Uribe.

El proceso contra el expresidente inició en 2012 cuando presentó una denuncia por difamación contra el senador de izquierda Iván Cepeda asegurando que buscaba en cárceles testigos como Monsalve para que lo vincularan con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una causa contra Uribe sospechando que era él quien intentaba cambiar la versión de testigos.

Uribe fue detenido en su domicilio brevemente por orden de la Corte en 2020 en medio de la investigación, pero salió libre tras renunciar a su curul en el Senado, lo que hizo que su proceso pasara a la fiscalía. Los fiscales pidieron varias veces que el proceso fuera cerrado, sin lograr convencer a jueces, hasta que decidieron llevar al expresidente al juicio por el que fue condenado en primera instancia.