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TSA anula resolución que desconocía méritos de fiscales y exige cumplimiento de la ley

por La redacción
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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró nula la Resolución No. CSMP/004/2023, emitida por el Consejo Superior del Ministerio Público el 14 de abril de 2023, tras acoger la acción presentada por más de cien fiscales. La sentencia, identificada como 0030-04-2024-SSEN-00791 y emitida el 15 de noviembre de 2024, establece que dicha resolución violaba la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) y la Ley 107-13 sobre derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo.

La resolución anulada imponía concursos obligatorios para los ascensos de fiscales, sin respetar el sistema de escalafón y el debido proceso, lo que afectaba los derechos de carrera de los miembros del Ministerio Público. Según el TSA, el Consejo Superior del Ministerio Público no cumplió con las disposiciones previas dictadas en la sentencia 030-02-2021-SSEN-00476, que ordenaba implementar el sistema de escalafón.

El tribunal constató que no se presentaron pruebas suficientes que demostraran la notificación adecuada a los fiscales ni el cumplimiento de los requisitos legales para la emisión del reglamento de ascensos. Por ello, determinó que los miembros del Ministerio Público que cumplen con los requisitos no pueden ser obligados a someterse a concursos adicionales para ser promovidos.

Esta decisión se produce en medio de llamados a paros laborales por parte de los fiscales, quienes exigen el reconocimiento pleno de sus derechos. El abogado Cirilo de Jesús Guzmán, representante de los fiscales y exprocurador fiscal, destacó que el fallo representa un triunfo para los miembros de carrera del Ministerio Público y un recordatorio de la importancia de respetar las normativas legales y constitucionales en la administración pública.

Con esta sentencia, el TSA refuerza la obligación del Consejo Superior del Ministerio Público de garantizar que los ascensos y decisiones administrativas se realicen conforme a las leyes vigentes, fortaleciendo la seguridad jurídica y el respeto a los derechos laborales.

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