Un Congreso que se niega a cambiar, a pesar del eslogan del cambio

Francisco Tavárez

En política, las caras importan, pero las decisiones importan mucho más. Sin embargo, cuando las mismas figuras permanecen durante años controlando los principales órganos del Poder Legislativo, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: en el Congreso dominicano el relevo parece ser una palabra prohibida.

La permanencia de los mismos liderazgos, especialmente en la Cámara de Diputados, proyecta la imagen de una institución que ha preferido la comodidad del continuismo antes que la renovación. Detrás de la misma sonrisa de siempre de Alfredo Pacheco, quien preside la cámara de diputados, se esconde un rezago histórico que ha impedido que el Congreso responda con la rapidez y la responsabilidad que demandan los nuevos tiempos.

El mejor ejemplo es el Código Penal. Han transcurrido décadas de debates, aplazamientos, modificaciones y maniobras políticas sin que el país cuente con una legislación moderna y coherente. Lo más preocupante es que muchos de esos retrasos no han respondido a diferencias jurídicas legítimas, sino a intereses políticos y particulares. Se manipulan los tiempos, se esquivan los debates sobre las tres causales y, al mismo tiempo, se intentan mantener disposiciones que favorecen la impunidad o debilitan los mecanismos para perseguir actos de corrupción cometidos por funcionarios y legisladores.

No deja de ser revelador que, una vez más, haya sido la presión de la sociedad la que obligara a revisar aspectos que desde la aprobación del nuevo Código diversos sectores habían advertido como graves deficiencias. Si el pueblo no hubiera levantado su voz, probablemente el país estaría estrenando un Código Penal con los mismos vacíos y las mismas falencias denunciadas desde hace tiempo. Cuando una ley solo mejora porque la ciudadanía protesta, queda en evidencia que el problema no está en la capacidad técnica, sino en la voluntad política.

Pero el divorcio entre representantes y representados no termina ahí. Mientras al pueblo dominicano se le exige paciencia, austeridad y sacrificio bajo el argumento de las crisis internacionales, algunos legisladores vinculados al sector bancario impulsan iniciativas que terminan beneficiando sus propios intereses, como la reducción de impuestos aplicables a las bancas de apuestas. Es difícil hablar de representación cuando quienes hacen las leyes parecen legislar primero para sí mismos y después para la sociedad.

La democracia pierde credibilidad cuando el Congreso deja de ser la casa del pueblo para convertirse en un espacio donde predominan los cálculos políticos, los privilegios y la autoprotección. Un Parlamento no puede aspirar al respeto ciudadano mientras pospone reformas esenciales, protege intereses particulares y mantiene prácticas que la población percibe como alejadas del bien común.

La República Dominicana necesita un Poder Legislativo que entienda que renovar no significa únicamente cambiar nombres, sino cambiar formas de hacer política. Un Congreso que legisle pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones; que coloque el interés nacional por encima de las conveniencias partidarias o personales; y que comprenda que la legitimidad no se construye con mayorías automáticas, sino con decisiones valientes, transparentes y coherentes.

Porque el verdadero atraso del Congreso no es la edad de sus dirigentes ni los años que llevan ocupando sus cargos. El verdadero atraso es seguir gobernando el presente con las mismas prácticas que durante décadas han impedido que el país avance.