Un paso hacia la vigilancia ciudadana: el derecho a grabar a la Policía

Por Francisco Tavárez

El nuevo Código Penal de la República Dominicana, aun en proceso de aprobación, incluye un avance significativo para la protección de los derechos ciudadanos: sanciones contra agentes de la Policía Nacional que impidan grabaciones durante arrestos, registros o allanamientos. Esta disposición, contenida en el artículo 286, contempla penas de hasta un año de prisión y multas equivalentes a una o dos veces el salario del agente infractor.

Aunque se establece una excepción —cuando la grabación interfiere directamente con la labor policial o pone en riesgo la integridad del agente—, la regla es clara: grabar no es un delito, es un derecho.

Durante décadas, en sectores vulnerables del país, se ha gestado una práctica peligrosa y normalizada: agentes que, al sentirse observados, arrebatan celulares, borran evidencias o incluso destruyen dispositivos. En muchas ocasiones, estos actos se cometen precisamente cuando el ciudadano afectado no tiene vínculo alguno con el delito investigado, y lo único que busca es documentar un abuso. Esas grabaciones, a falta de instituciones que garanticen protección efectiva, se han convertido en el único seguro de vida para muchas personas.

La triste realidad es que, aunque existen agentes valientes y respetuosos de los protocolos, la Policía Nacional arrastra una cultura arraigada de abusos: allanamientos sin órdenes, siembras de drogas, represión indiscriminada. Los ciudadanos dominicanos no graban por capricho; graban porque temen por su vida. Y cuando el miedo sobrepasa la confianza institucional, se impone la necesidad de dejar constancia.

Por eso esta disposición del nuevo Código Penal no solo es oportuna, sino imprescindible. Obliga al Estado a reconocer el poder de la ciudadanía como mecanismo de fiscalización. Y lo más importante: advierte a los malos policías que el celular del pueblo ya no es un enemigo, sino una herramienta legítima de defensa.

El Congreso debe aprobar esta medida sin dilaciones. Y cuando lo haga, deberá acompañarla de campañas educativas tanto para la ciudadanía como para los cuerpos del orden. Porque el respeto a los derechos humanos empieza por saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la hacen cumplir con uniforme.

Grabar no es una amenaza. Grabar es memoria, es verdad y, muchas veces, la única justicia disponible.