Una cruzada necesaria contra el terrorismo ambiental

Francisco Tavárez

Por muchas razones, el combate al maltrato y la depredación ambiental no ha sido asumido con la contundencia y determinación que demanda. Al final, el daño se materializa y las sanciones quedan en el papel. 

Hemos sido testigos y denunciado cómo se degradan nuestros ríos por la extracción de arena, la manera irresponsable en que muchos visitan nuestras playas o cómo algunos han pretendido atentar contra nuestras áreas protegidas. Por eso, aunque faltan muchos aspectos en los que necesitamos avanzar, este primer paso del Decreto núm. 615-26 es trascendental y representa un espaldarazo para la protección de nuestro medioambiente. 

Todo delito ambiental no necesariamente es terrorismo ambiental. Y es importante hacer esta precisión para evitar ambigüedades. El autor Daniel M. Schwartz, en su estudio Environmental Terrorism: Analyzing the Concept, explica que la destrucción o amenaza de destrucción del medioambiente puede ser considerada terrorismo cuando, además de infringir las leyes nacionales o internacionales, reúne las características propias de este tipo de violencia y utiliza el medioambiente como un símbolo capaz de generar temor en la población por las consecuencias ecológicas del acto.

Esta distinción resulta importante porque el Decreto 615-26 coloca el llamado “terrorismo ambiental” bajo la sombrilla de la estrategia de seguridad nacional. Con esto se otorga una especial protección a todo un catálogo de recursos naturales de nuestro país. Uno de sus principales propósitos es combatir e investigar, junto con los organismos de seguridad del Estado y mediante sus herramientas de inteligencia, aquellas acciones que han sido denominadas “terrorismo ambiental”.

Aunque no estamos ante un nuevo tipo penal, la denominaciónrefuerza la manera en que se miran estos delitos y, sobre todo, la dimensión de sus posibles consecuencias. Que el tema forme parte de una estrategia de seguridad nacional contribuye a dimensionar los daños ocasionados no solo a una cuenca hidrográfica, sino a una fuente vital de vida como es el agua.

Es importante entender que un bosque no está compuesto únicamente por árboles. Es un pulmón que ayuda a conservar nuestros suelos, regula ciclos naturales y sostiene la vida de otras importantes especies. Cuando se destruye, el daño no termina en los árboles. Sus consecuencias pueden extenderse más allá del lugar donde ocurre la depredación.

Para aquilatar la magnitud del problema podemos volver la mirada a los recientes incendios forestales en nuestro país, muchos de ellos provocados de manera intencional. Para el año 2025, de acuerdo con cifras oficiales, se registraron 598 incendios forestales vinculados estrechamente a actividades agrícolas. Según el Boletín Estadístico de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las mayores incidencias se concentraron en la región Noroeste y la cordillera Central. Para ser más específicos, el 66.3 % de los incendios forestales ocurrieron en provincias como La Vega, Santiago, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

Ahora bien, estemos claros: el Decreto 615-26 es un importante paso, pero no es la panacea. Pienso que, al igual que en otros sectores, una de las principales debilidades sigue siendo la aplicación de las sanciones y de las leyes ya vigentes en materia medioambiental.

Definir como “terrorismo ambiental” determinados delitos tiene relevancia. Ayuda a colocar el problema en otra dimensión y a reconocer que algunos daños contra nuestros recursos naturales pueden tener consecuencias que trascienden un lugar específico. Pero el éxito de esta estrategia dependerá, en gran medida, de que las sanciones sean aplicadas de manera efectiva a quienes resulten responsables.

Porque de poco sirve tener buenas leyes si al final nadie las cumple o si quienes las violan saben que las consecuencias serán mínimas. Del mismo modo que las leyes son imprescindibles, el rol de nosotros, los ciudadanos, es vital. Necesitamos abandonar la apatía y activar nuestra participación, desde hacer una denuncia hasta crear conciencia sobre el cuidado que debemos tener al visitar nuestras áreas protegidas y utilizar nuestros recursos naturales.

No necesitamos ser activistas para involucrarnos.  La protección del medioambiente no comienza cuando se aprueba una ley ni cuando se aplica una sanción. Empieza cuando cada ciudadano entiende que un río, un bosque, una playa o un área protegida son parte de lo que somos y del legado natural que dejamos a nuestros hijos.

La cruzada ambiental, por tanto, no puede depender únicamente de las autoridades o del sistema de justicia. Proteger nuestros recursos naturales es un compromiso que nos corresponde a todos.