Una sentencia que erosiona la disciplina y pone en riesgo la institucionalidad

Francisco Tavárez

Las declaraciones del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, llegan en un momento en que la reciente sentencia TC/1225/25 del Tribunal Constitucional ha encendido un debate nacional sobre los límites de la jurisdicción constitucional y la protección de la disciplina militar y policial.

Ambos funcionarios reiteraron que acatarán el fallo —como corresponde en un Estado de derecho—, pero dejaron claro que la sentencia no desmonta, ni puede desmontar, el régimen disciplinario interno que sostiene la operatividad, la jerarquía y la integridad de las instituciones castrenses y policiales. Esa aclaración es crucial, porque la decisión del Tribunal ha generado preocupación legítima: pretende suprimir disposiciones penales sin valorar el impacto real que ello tiene sobre la disciplina interna, piedra angular de cualquier cuerpo de seguridad.

El ministro Fernández Onofre recordó que las Fuerzas Armadas cuentan con normas históricas que garantizan cohesión y orden. Pretender que una sentencia elimine los mecanismos que corrigen conductas impropias —independientemente de la identidad personal de un individuo— es desconocer la esencia misma del servicio militar, donde el comportamiento en servicio no es una opción: es una obligación constitucional.

Por su parte, el director de la Policía Nacional reafirmó que la obediencia institucional al Tribunal no significa renunciar al deber de hacer cumplir los reglamentos internos, diseñados para proteger el servicio público y la ética profesional. Reducir este tema a un debate sobre orientación sexual es una tergiversación: el asunto de fondo es la disciplina y la conducta en funciones, elementos sin los cuales no existe una Policía efectiva ni confiable.

La sentencia TC/1225/25 representa, por tanto, un golpe innecesario y potencialmente peligroso para el orden interno de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad nacional. Su alcance (desconectado de la realidad operacional del mundo militar y policial) deja la sensación de un Tribunal que legisla sin medir consecuencias, debilitando normativas esenciales que durante décadas han sostenido la estructura disciplinaria del país.

El país necesita un Tribunal Constitucional que fortalezca la institucionalidad, no que genere incertidumbre en ámbitos donde el equilibrio es delicado y vital. La disciplina castrense no puede convertirse en un campo de experimentación jurídica ni en un espacio para decisiones que, lejos de proteger derechos, ponen en riesgo la autoridad, la moral institucional y la seguridad misma de la nación.

La democracia exige respeto al orden constitucional, sí; pero también exige responsabilidad jurídica, sobre todo cuando una sentencia tiene efectos directos en los cuerpos que sostienen la estabilidad del Estado.

Entre disciplina y democracia no puede haber contradicción. La sentencia TC/1225/25, lamentablemente, abre una peligrosa brecha entre ambas.