Víctimas del acoso fiscal

Francisco Tavárez

Vuelven a sonar los rumores sobre una eventual ley de modernización fiscal en la República Dominicana. Según diversas fuentes vinculadas a las discusiones económicas oficiales, el Gobierno estaría evaluando nuevamente la posibilidad de impulsar una reforma orientada a fortalecer las finanzas públicas y crear capacidad de respuesta frente a un escenario internacional cada vez más complejo e incierto.

La posibilidad no surge de la nada. El tema ya apareció meses atrás durante uno de los encuentros que sostuvo el Gobierno con los principales líderes políticos del país para discutir las consecuencias de la crisis internacional agravada por los conflictos en el Medio Oriente.

En aquella ocasión, el expresidente Danilo Medina manifestó que esperaba que el Gobierno tuviera un plan claro y que este no se redujera a una reforma fiscal. La respuesta del ministro José Ignacio Paliza fue inmediata: recordó que quien había mencionado inicialmente el tema había sido el propio expresidente Medina y que el ministro de Hacienda había señalado que, en tiempos de crisis e incertidumbre, no era apropiado hablar de una reforma fiscal.

Sin embargo, la discusión parece haber regresado. Y si algo debiera quedar claro desde el principio es que cualquier intento de modernización tributaria debe partir de un principio elemental de justicia: no pueden seguir pagando los mismos de siempre.

Durante décadas, la carga fiscal ha recaído principalmente sobre una clase media que se encuentra cada vez más debilitada. Se trata de ciudadanos que pagan impuestos sobre sus salarios, consumen productos gravados, enfrentan el aumento constante del costo de la vida y, al mismo tiempo, reciben servicios públicos que muchas veces no corresponden al esfuerzo económico que realizan. Esa clase media, que históricamente ha sido el motor del consumo, la inversión familiar y la movilidad social, hoy parece acercarse peligrosamente a un punto de agotamiento.

El desafío fiscal del país es real. Nadie puede negar que el Estado necesita recursos para financiar infraestructura, seguridad, salud, educación y programas sociales. Tampoco puede ignorarse que el contexto internacional exige prudencia y capacidad de respuesta. Pero la pregunta fundamental no es si se necesitan más recursos, sino de dónde deben provenir.

Una verdadera modernización fiscal debería enfocarse primero en reducir la evasión, combatir la informalidad, revisar privilegios fiscales injustificados y mejorar la eficiencia del gasto público. Antes de pensar en nuevos impuestos o en ampliar los existentes, el Estado tiene la obligación moral y política de demostrar que administra con transparencia y eficacia los recursos que ya recibe.

La sostenibilidad de las finanzas públicas no puede construirse sobre el sacrificio permanente de quienes ya cumplen con sus obligaciones. Una reforma que termine encareciendo aún más la vida de los trabajadores, profesionales, pequeños empresarios y emprendedores no sería una modernización, sino la repetición de una fórmula que ha contribuido al debilitamiento progresivo de la clase media dominicana.

Si el Gobierno decide abrir nuevamente este debate, deberá hacerlo con transparencia, diálogo y sensibilidad social. Porque el país necesita soluciones fiscales responsables, pero también necesita proteger a quienes sostienen gran parte de la economía nacional. La modernización no puede convertirse en sinónimo de más carga para los mismos hombros de siempre.