Wilson Camacho afirma envío a juicio de fondo del caso Intrant evidencia la solidez de la acusación

Yirian Ventura

SANTO DOMINGO.-El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este viernes que la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de enviar a juicio de fondo a los implicados en el caso Camaleón refleja la fortaleza de la investigación y la solidez de la acusación presentada por el órgano persecutor. Destacó que el proceso avanza a una nueva etapa judicial apenas seis meses después del depósito formal de la acusación, lo que atribuyó a las recientes modificaciones introducidas al Código Procesal Penal.

La jueza Yanibet Rivas dispuso la apertura a juicio contra todos los imputados del caso, entre ellos los principales acusados Hugo Beras y Jochi Gómez, así como los demás vinculados al expediente. El tribunal acogió gran parte de la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, manteniendo cargos como sabotaje, lavado de activos, robo de identidad, asociación de malhechores y desvío de fondos, aunque excluyó la imputación de terrorismo contenida en la acusación inicial.

Camacho sostuvo que, pese a la exclusión del tipo penal de terrorismo, la decisión judicial valida el trabajo realizado por el Ministerio Público. Explicó que el tribunal entendió que no se configuraba el elemento subjetivo de ese delito, pero mantuvo la imputación de sabotaje, que recoge la parte objetiva de la conducta atribuida a los acusados. “Los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”, afirmó el funcionario, al insistir en que la decisión no debilita el expediente acusatorio.

El director de Persecución indicó que la discusión sobre la calificación jurídica puede continuar durante el juicio de fondo, escenario en el que el Ministerio Público tendrá la oportunidad de presentar todas las evidencias recopiladas durante la investigación. En ese sentido, señaló que la acusación conserva la mayor parte de su estructura original y que la valoración definitiva de los hechos corresponderá al tribunal que conozca el proceso en la etapa de juicio.

El caso Camaleón investiga presuntas irregularidades relacionadas con operaciones realizadas a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y otras instituciones públicas, incluyendo el manejo de más de 1,500 millones de pesos mediante contratos presuntamente fraudulentos.

Camacho resaltó que la calificación jurídica retenida por el tribunal incluye el delito de lavado de activos, lo que podría derivar en condenas de hasta 20 años de reclusión en caso de que los acusados sean hallados culpables.